En momentos en que a través de decisiones judiciales irresponsables e interceptaciones temibles algunos pretenden silenciar al periodismo riguroso e independiente, nos llenan de esperanza y orgullo la aprobación esta semana por el Congreso de la República del proyecto de ley que da un alivio del ciento por ciento, por única vez, a las deudas que tienen las emisoras comunitarias y de interés público y los operadores de televisión comunitarios con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- FONTIC- y con las sociedades de gestión colectiva con personería jurídica, autorizadas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Esta decisión, además, demostró que, a pesar de nuestras legítimas y saludables divergencias, los colombianos también tenemos la habilidad para llegar a consensos que nos unen alrededor de propósitos nacionales.
La trascendencia del paso dado esta semana no es menor. La operación de los medios comunitarios y de interés público no es gratuita sino que tiene costos como los tienen las emisoras comerciales, pero como carecen de ánimo de lucro y no reciben recursos por pauta publicitaria, sus dificultades financieras son enormes. Lo suyo, como se dice coloquialmente, es puro amor al arte, un amor y un arte esenciales para la fortaleza de nuestra democracia.
Las emisoras y la televisión comunitarias usan el espectro electromagnético, un bien de todos, para facilitar la difusión de todas las opiniones y brindar una plataforma que permita la expresión libre de la pluralidad y heterogeneidad colombiana. En efecto, ellas prueban que la radio sigue siendo una herramienta esencial para conocer mejor las particularidades de nuestras distintas idiosincrasias y para que los protagonistas de las historias que frecuentemente no llegan a la gran prensa visibilicen sus preocupaciones y su identidad y riqueza cultural. Estos medios cumplen una función social esencial en beneficio de la comunidad, no solo proporcionando información, entretenimiento y educación sino también representando los intereses de las comunidades ante el Estado.
Sin embargo, para materializar esta aspiración era preciso generar condiciones de igualdad de oportunidades para estas iniciativas sociales que prestan un servicio público esencial. Y este es precisamente el mérito y la importancia de la condonación de sus obligaciones económicas públicas, que atenúa sus restricciones presupuestales para que sigan divulgando los mensajes de toda Colombia, incluso los lenguajes y relatos de las comunidades más apartadas.
Esta contribución al fortalecimiento de la deliberación y los vínculos sociales fue posible gracias a una apuesta del Centro Democrático. Con la imaginación de mis copartidarios el Senador Alejandro Corrales y el Representante por Risaralda Gabriel Vallejo, autores del proyecto de ley; el interés, compromiso y total acompañamiento de la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Karen Abudinen, y la confianza de mis colegas, que me honraron encargándome ser ponente ante su tránsito por el Senado, esta iniciativa audaz y con enorme sensibilidad social logró el respaldo resuelto de todos los partidos y movimientos políticos. Qué gran logro, qué bueno tenderle la mano a más de mil medios comunitarios y de interés público que han dado tanto a esta Patria.
Pero este compromiso no para aquí. Del productivo debate que tuvimos en el Congreso surgieron otros acuerdos políticos que, sin duda, se convertirán en norma para continuar impactando positivamente a las emisoras y a la televisión comunitarias. Entre éstos, cabe destacar la determinación de explorar la creación de mecanismos de financiación, como la posibilidad de pautar en la radiodifusión comunitaria con el único fin y propósito de garantizar su sostenibilidad. Ya estamos en esa tarea con la Ministra TIC y los demás colegas.
No serán pocos los beneficiados. Hablamos de 285 emisoras comunitarias, 71 emisoras de interés público y 281 operadores de televisión comunitaria que, a 30 de septiembre, tenían deudas con el FONTIC, y más de 500 emisoras y televisión comunitarias y de interés público que se beneficiarán del pago de derechos de autor. Con este paso trascendental en el país, solo resta que el Presidente Duque sancione esta Ley para normalizar sus carteras y darles nuevamente la licencia de operación.
Necesitamos seguir generando espacios de información, entretenimiento, educación, formación, debate y concertación; necesitamos seguir promocionando nuestra democracia y los derechos fundamentales de todos los colombianos; necesitamos seguir instaurando el servicio público esencial, participativo y pluralista que provee los medios de interés público y comunitarios en el país. La construcción de equidad y la reducción de los desequilibrios sociales no son palabras vacías para el Centro Democrático: son objetivos políticos que guían auténticamente nuestra acción.
Encima. El Gobierno del Presidente Iván Duque no tiene que ser llamado a “juicio” porque lo único que ha hecho es cumplir lo que prometió en campañas, mucho menos a través de referendos populistas que violan la Constitución. Al pueblo hay que convocarlo a un referendo distinto: uno que le permita decir si la supuesta paz podía sacrificar la justicia y si prefiere el gasto social o el gasto burocrático.
