La denuncia del presidente advirtiendo que se gesta un “golpe blando” en su contra y se atenta contra la institucionalidad, no deja de ser paradójica porque si alguien ha tratado y, en algunos casos avanzado, resquebrajar esa institucionalidad dando pasos hacia un autogolpe es Gustavo Petro.
El presidente está atrapado en su propia incapacidad de gobernar, en sus múltiples mensajes de retaliación contra quienes no lo acompañan —los llama derecha—, y en la verborrea de creer que se convirtió en líder de la humanidad.
Esa falta de preparación e incapacidad de gobernar es inocultable como lo demuestra la gestión de las exministras de cultura, deporte, salud y minas o la propia del ex comisionado de paz, por dar solo unos ejemplos, sumada a la voracidad burocrática y demás de la clase política tradicional con la que se gobierna y a quienes les están pagando con cargos ministeriales y diplomáticos los servicios prestados por la llegada a la Casa de Nariño.
El presidente “duerme con en el enemigo”. Con él mismo, su entorno familiar y su círculo más cercano, quienes más daño le hacen y se hace. Aun cuando contra toda evidencia el presidente procura restarle trascendencia, los graves escándalos judiciales de su gobierno comenzaron en su casa.
Los hechos que rodean el comportamiento de su hermano Juan Fernando y Danilo Rueda, la delación de Day Vázquez en contra de Nicolás Petro, su confesión misma, los excesos de la primera dama con recursos públicos, los macabros escándalos por cuenta del abuso a la niñera del hijo de Laura Sarabia, las gravísimas conversaciones que Colombia escuchó entre Sarabia y Armando Benedetti, etc. no son narrativas de la oposición. Son hechos.
Frente a que el expresidente Álvaro Uribe le hiciera el quite al protagónico de ser quién polariza el país —como muchos le endilgan injustamente la exclusividad— quedó en evidencia que la polarización es una construcción estratégica y mediática para obtener resultados electorales y/o excusarse de la incapacidad de gobernar. En su momento como oposición lo criticaron todo y aún lo siguen haciendo, olvidando que ahora son gobierno.
La negativa del exfiscal Francisco Barbosa de atender la petición del presidente Petro de suspender las órdenes de captura a los bandidos y jefes del Clan del Golfo sin que existiera sustento ni marco jurídico que así lo permitiera hacer, así como por haberle recordado al mandatario que no es el superior jerárquico de la Fiscalía General de la Nación, además de que ésta investiga a su hijo Nicolás, la izquierda progresista que gobierna le dio vida a un nuevo objetivo de ataque a partir de su narrativa polarizadora, a la que algunos incautos le sirven de caja de resonancia.
Esta desleal estrategia ha llegado al nivel de poner en la mira a la H. Corte Suprema de Justicia, expresando en contra de los magistrados toda clase de improperios, golpeando injustificadamente la institucionalidad y tratando de minar así la independencia de esta rama del poder público. Todo promovido por quienes viven hoy en la Casa de Nariño y su ladino comité burocrático de aplausos.
La salida de ministros y directores serios, como Gaviria (Educación), Ocampo (Hacienda), López (Agricultura), Zamora (Defensa del Estado), González (Planeación) y Numa (Presupuesto); así como el reencauche de personajes como Laura Sarabia y Armando Benedetti, demuestra que en este gobierno no caben quienes respetan la institucionalidad y se ciñen al estado de derecho sino todos los demás, siempre y cuando estén dispuestos a acceder a los caprichos autocráticos del mandatario o guarden silencio, aun cuando ello implique pasar por encima de la Constitución y de las leyes.
