Liliana Bitar Castilla

Cordobesa. Senadora del Partido Conservador. Vicepresidenta de Comisión Tercera Senado. Economista, especialista en Gerencia. Más de 24 años trabajando en el sector público. Sus principales preocupaciones son el impulso del emprendimiento, así como el empoderamiento económico de la mujer.

Liliana Bitar Castilla

Sí a las vías rurales, pero ¿qué pasa con el presupuesto para el Caribe?

La pandemia por el COVID 19 acabó oficialmente hace un mes. Sin embargo, los coletazos en el mundo entero se siguen sintiendo. En el 2020 la economía colombiana experimentó la mayor contracción de los últimos cuarenta años, cuando el PIB se redujo un 6,8% con respecto a 2019, una caída mucho mayor que la originada por la crisis económica de 1999 (4,5%). Esto provocó que las tasas de desempleo y los índices de pobreza monetaria aumentaran, especialmente en las zonas rurales. Además, disminuyó de manera dramática el recaudo y aumentó exponencialmente el gasto público.

La economía colombiana se ha destacado por un excelente manejo macro-económico que le ha significado avanzar en la recuperación postpandemia, donde el PIB creció un 10,7% en 2021 y de acuerdo con el Banco Mundial se prevé que crezca un 7,1% en 2022. Sin embargo, necesitamos que ese crecimiento se refleje rápidamente en el día a día de los colombianos y que el Estado pueda dar soluciones a una población que reclama oportunidades y mejor calidad de vida.

El Presupuesto General de la Nación que votamos esta semana en el Congreso constituye el escenario idóneo para definir cómo se distribuyen los recursos y la manera que esto incide directamente en la economía del ciudadano de a pie.

De acuerdo con lo aprobado, el presupuesto para 2023 será de $405,6 billones, de los cuales $74,02 billones será para inversión. Aquí debemos destacar los recursos al sector de transporte que ascienden a 10 billones de pesos, donde se priorizan cerca de 4 billones para la conexión vial en las regiones.

Positivo: Vías terciarias y desarrollo en las regiones

Impulsar las vías rurales de nuestro país es el camino adecuado para transformar vidas. Es una bandera que he defendido desde antes de llegar al Congreso y que es una de las prioridades en mi acción política. Por ello, celebro que el Gobierno haga este esfuerzo fiscal para mejorar la competitividad en los municipios más apartados, pues no solo tiene efectos sobre el crecimiento económico, sino que también mejora indicadores sociales al conectar las zonas rurales y urbanas.

Negativo: Reducción del presupuesto al caribe

No obstante, veo con enorme preocupación la disminución en el presupuesto planteado para inversión en algunas regiones del caribe. Atlántico (-10,2%), Córdoba (-5,9%) y La Guajira (-9,7%) son algunos de los departamentos más afectados. Según el DANE, La Guajira es el departamento con mayor incidencia en pobreza monetaria, pues el 67,4% de su población se encuentra en situación de pobreza y 40,4% en pobreza extrema. A su vez, Córdoba es el cuarto departamento con mayor incidencia en pobreza monetaria (58% de la población).

Producto de la pandemia, el caribe fue la región que más concentró población en condición de pobreza. Por tal motivo, se requiere hacer esfuerzos y exigir que la distribución regionalizada del presupuesto sea acorde con los retos y necesidades existentes, para que podamos reducir las enormes brechas que golpean a los ciudadanos.

En resumen, la aprobación del Presupuesto General de la Nación debe ser analizada con lupa. No se trata de cualquier ley de la República sino nada más ni nada menos la hoja de ruta de las inversiones y del gasto público en el próximo año. Los colombianos claman por un país en el que haya más oportunidades y debemos actuar en concordancia siendo cuidadosos con el manejo de las arcas del Estado.

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Liliana Bitar Castilla
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