La definición de democracia da cuenta de la existencia de “un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes”. Así, se habla de democracia burguesa o liberal, democracia cristiana, democracia directa, democracia orgánica, democracia popular, democracia representativa, democracia participativa, en fin.
Comúnmente, reconocemos que la democracia se ejerce directamente o a través de representantes elegidos libremente por los ciudadanos de forma periódica. Es decir, tenemos arraigada la idea de una democracia directa, representativa o participativa. Pero hay democracias en las que el derecho al voto, por ejemplo, se halla restringido, como el caso de la democracia censitaria o nos encontramos con la democracia popular, que corresponde al sistema de gobierno de las dictaturas comunistas. Poca democracia, en realidad.
Colombia, basa su soberanía en el pueblo, de manera tal que se concibe como un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, democrática, participativa y pluralista. Así, las autoridades colombianas están instituidas para proteger, respetando la Constitución, a todas las personas residentes en el país, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades. No a unas personas, sino a todas. No a unas creencias, derechos y libertades, sino a todas. No de cualquier manera, sino en el estricto marco de la Constitución Política. Las tres Ramas del Poder Público, deben hacerlo, y los órganos de control deben velar porque lo hagan.
El Poder Ejecutivo, en los últimos tiempos, ha sido objeto de escándalos mayúsculos que han generado la merecida desconfianza y rechazo del Pueblo colombiano. Venimos del nefasto Proceso 8.000, marcado por el narcotráfico -aún vibrante-; pasando por los macabros falsos positivos, el paramilitarismo, la corrupción y las bandas criminales -aún vibrantes también-. Ahora, nos hallamos en un escenario político altamente confuso, liderado por una izquierda que ha demostrado sus falencias para gobernar, pero que en campaña y ahora en el gobierno profesa un eslogan de “cambio”, del cual nada se ha visto hasta ahora.
El Poder Legislativo, igualmente, ha estado enmarcado en lo mismo. Fue quién pasó por alto el Proceso 8.000, en lo que respecta al juzgamiento del presidente de entonces -impunidad-; una inmensa mayoría de sus miembros resultaron vinculados y condenados por sus vínculos con el paramilitarismo y la corrupción; y su dañina conducta clientelista, basada en sumarse al ganador, sea quien fuere, sigue más vigente que nunca. Su desprestigio, aún por el piso, se halla incluso por debajo del propio desprestigio del Poder Ejecutivo.
Por su parte, el Poder Judicial, sin desconocer el gravísimo daño que le ha propiciado el denominado “Cartel de la Toga” y, no obstante, sus múltiples falencias externas que no le permiten operar debidamente, es quién ha mantenido por décadas la confianza de los colombianos en la institucionalidad y, por ende, sobre quién realmente se soporta la golpeada pero viva y, en medio de todo, sana democracia colombiana.
Los magistrados de las Altas Cortes, incluidos los propios de la Justicia Especial para la Paz (JEP), los magistrados de los Tribunales y hasta el Juez del municipio más pequeño de Colombia, todos los días imparten Justicia, algunos hasta con las uñas, dadas las carencias de la Rama. Por eso, si algún cambio quiere gestarse en Colombia, la tarea de fortalecer cada día más la Rama Judicial es prioritaria y urgente. Especialmente esa Justicia de a pie, la de los miles de pueblos colombianos, la de las regiones, la de la gente del común.
Los cambios que hoy se imponen dan cuenta de la necesidad de priorizar la Justicia en el territorio y no en la Altas Cortes. El fortalecimiento a la Justicia debe ser la acción más destacada del gobierno del presidente Petro y cualquiera otro. La Justicia requiere recursos humanos, económicos, y leyes que la fortalezcan y le permitan estar a la altura de la realidad de hoy.
Solo cuando el ciudadano puede acudir al Juez a que le proteja o ampare sus derechos, podemos hablar de democracia. Podemos seguir eligiendo libremente al presidente, a los congresistas, a los gobernadores, a los diputados, a los alcaldes, a los concejales y ediles, pero sin una Justicia fortalecida, Colombia seguirá estancada y poniendo en inminente riesgo su democracia.
