Más de un año después de su aparición, el COVID-19 ha contagiado a dos millones y medio de compatriotas y provocado la muerte de más de 65 mil. El virus permanece con nosotros y sigue trayendo dolor, especialmente durante este tercer pico de contagio. La seriedad de la amenaza es incontrovertible. Sin embargo, el esfuerzo humano para derrotarlo y evitar su propagación y paliar los afanes materiales sufridos por tantos colombianos nos dan esperanza.
Pese a la competencia mundial por adquirir la vacuna, gracias a la ley de inmunización contra el COVID-19, Colombia suscribió acuerdos con 6 laboratorios para adquirir 61 millones y medio de dosis, a pesar de que algunos dilataron durante cuatro meses la adopción de esa legislación, los mismos que hoy acusan al Gobierno de ineptitud, los mismos que no caen en la cuenta de que Colombia tiene el tercer número de muertes en América Latina porque tiene la tercera población del subcontinente, no por negligencia.Colombia es el cuarto país de América Latina con más personas vacunadas –más de tres millones, de las cuales casi 750 mil ya han recibido la segunda dosis– y cuenta con un riguroso plan de vacunación. Llegamos al millón de vacunados en 22 días, Chile en 40, Argentina en 65. Ya tenemos más de cuatro millones de vacunas de diversas farmacéuticas y sólo este mes de abril deben llegar 7 millones de dosis. Nuestra tasa de letalidad es de 2,6%, inferior que la de México, Perú e Italia, similar a la de Alemania y Brasil, y apenas ligeramente superior a la de Argentina y Chile (2,3%).
Hemos demostrado estar listos para el enorme reto logístico de lograr la inmunidad de rebaño con la inmunización del 70% de la población: contamos con 37 bodegas de almacenamiento de vacunas, 44 ultracongeladores y 3.600 refrigeradores certificados por la Organización Mundial de la Salud. Hemos aplicado más de 130 mil dosis en un solo día, triplicamos el número de Unidades de Cuidados Intensivos pasando de 3.700 a 10 mil y, aunque ha habido colados en la fila (1.241), esas personas no representan siquiera el 0,1% del total de vacunas. Y nuestro sistema de salud, sin ser perfecto, tiene fortalezas: la cobertura es universal, el Gobierno ha sancionado a las EPS que desconocen sus obligaciones (ha liquidado a más de 10 durante el último año), los colombianos gastamos 39 dólares al año en salud –en otros países de Latinoamérica las personas gastan más de 80– y, en promedio, solo el 12% de las personas tuvieron que esperar más de dos meses para citas con especialistas, lo que nos ubica mejor que Holanda, Reino Unido, Nueva Zelanda y otros países desarrollados que integran la OCDE.
Este balance estaría incompleto si no reconocemos el esfuerzo fiscal sin precedentes para aliviar las dificultades económicas por las que tantos colombianos pasan, exacerbadas hoy por la pandemia. Concentrándose en los más vulnerables, el presidente Iván Duque ha ordenado llevar la oferta social del Estado y bienestar a esos ciudadanos: cerca de 4.3 billones de pesos destinados a colombianos pobres a través del programa Ingreso Solidario, al cual se le dará carácter permanente; aproximadamente 5 billones de pesos para proteger, mediante el Programa de Apoyo al Empleo Formal, a casi 4 millones de trabajadores vinculados a 130 mil empresas, la mayoría pequeñas y cuyas ventas cayeron significativamente; 9 giros extraordinarios equivalentes a 2.7 billones de pesos para 1.6 millones personas beneficiarias del programa Adulto Mayor. También se la jugó con la devolución el IVA a más de un millón de familias, un retorno igual a 370 mil millones de pesos; y 2 billones de pesos para 2.6 millones de hogares inscritos en Familias y Jóvenes en Acción.
¡No basta!
Todos queremos parar las muertes y los contagios, que los biológicos lleguen más rápido, que la vacunación sea más ágil y que la política social del Estado sea más generosa para reducir la pobreza; y, todos coincidimos en que las vidas humanas no se reducen a frías estadísticas. Pero es justo conocer los hechos antes de hacer interpretaciones y reclamos.
Las noticias sobre el desarrollo y la adquisición de las vacunas, el comportamiento del SARS-CoV-2 y la mayor preparación de nuestro sistema sanitario, la situación económica caracterizada por la urgencia de empresarios y trabajadores por volver a labores después de un año en el que el Producto Interno Bruto cayó 6,8% y el reclamo de muchos ciudadanos ansiosos de circular libremente condujeron a la flexibilización de las medidas de aislamiento. Pero el coronavirus cobró la relajación, en particular como consecuencia de las reuniones y desplazamientos durante la Semana Santa: la ocupación de UCI a nivel nacional se acerca al 70% (solo en Medellín es del 98%), mientras que el Domingo de Ramos era de 59,59%. Además, durante la Semana Mayor, la Policía impuso más de 20.800 comparendos por no acatar las medidas frente a la pandemia y prevenir la propagación de contagios.
Esta realidad tozuda, la defensa de la democracia y el reconocimiento de la frustración social por la pobreza obligan a extender el paquete de bienestar del Estado, no obstante el retador panorama financiero internacional resultado de la pandemia y las medidas de aislamiento, que, en el caso de Colombia, es agravado por la herencia del derroche santista.
Ampliar la tarea social del Estado, aunque difícil, es posible. La nación necesita una reforma fiscal de solidaridad sostenible justa y útil que permita aumentar el recaudo para mantener y extender auxilios; ampliar inteligentemente el crédito para estimular la economía y generar más y mejores puestos de trabajo; brindar educación gratuita a compatriotas de estratos 1, 2 y 3; hacer ajustes laborales que redunden en más tiempo libre para los trabajadores sin afectar su remuneración y los niveles de productividad; y, reducir, los gastos de funcionamiento del Estado para ahorrar 39 billones en el mediano plazo.
El ahorro público a través de la supresión de entidades, la racionalización de los altos salarios públicos y la disminución de gastos no esenciales como publicidad y viajes, es precisamente la búsqueda de un Estado grande en generosidad, no en burocracia, lo que es indispensable. Menos erogaciones de recursos del presupuesto nacional y más eficiencia, y el Estado dando ejemplo al invitar a los ciudadanos, en especial a los sectores más pudientes, a actuar con la solidaridad y la fraternidad que las circunstancias exigen.
Los desafíos son para ser enfrentados, los obstáculos son para ser superados. Lograrlo depende de nosotros. Cumplir las medidas de bioseguridad y de aislamiento, y atender los llamados a la vacunación –que debe acelerarse– está en nuestras manos; actuar con solidaridad, también. Cuando ya hay evidencia científica suficiente que confirma que las vacunas sí son seguras y efectivas, como la reducción de los contagios en más del 95% en Israel, líder global en vacunación, hay que recordar que el optimismo es compatible con la responsabilidad.
Encima. Aunque triste porque pícaros retuercen la verdad ante los jueces de la República violando los derechos del expresidente Uribe, víctima de infamias que la historia contará (la última fue la de Deyanira), me animo con proyecto de ley que presentaré para que los gestores de tradiciones culturales y saberes ancestrales certifiquen sus conocimientos para que accedan con más facilidad al trabajo digno.
