En el actual contexto de crisis económica y social que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia originada por el Covid- 19, el cual ha golpeado a los diversos sectores de nuestra economía; pareciera que el único sector que no ha querido interpretar la situación, es el sector financiero, que sigue manteniendo unas tasas de interés bancario excesivas, que en nada ayudan a la reactivación productiva del país.
El Banco de la República ha contribuido ostensiblemente a la mejoría de la situación económica del país, disminuyendo la tasa de intervención monetaria, con el fin de suministrar mayor liquidez a la economía, para que así, las entidades financieras puedan acceder a préstamos mediante Operaciones de Mercado Abierto – OMA.
Este año el Banco de la República, comenzó enero con una tasa de intervención del 4.25 %, ha reducido su tasa de referencia, siete veces en lo que va corrido del año; recientemente, en septiembre, la junta directiva tomó la decisión de dejar la tasa en 1.75 %; la más baja en la historia de la política monetaria del Banco Central, poniendo de manifiesto una contundente ayuda al sector bancario colombiano y nuestra economía.
A pesar de las medidas de reapertura económica y flexibilización del aislamiento en el sector comercial, industrial y de servicios, se prevé que la economía se contraerá entre el 6 % y 8 % al finalizar la vigencia fiscal 2020, y cerraremos con una tasa de desempleo nacional cercana al 20 %, lo que afectara notablemente el consumo de los hogares y la reactivación económica, sin contar que se puedan presentar cierres o cuarentenas, en algunas regiones o ciudades por las olas de contagio del virus que puedan presentarse, lo que podría empeorar aún más la crisis económica, incrementar el desempleo y retrasar el proceso de reactivación en el corto y mediano plazo.
Es indiscutible que, el gobierno ha realizado grandes esfuerzos para que se otorguen créditos a los pequeños y medianos empresarios, que se encuentran en graves dificultades financieras para su operación, por ello, dispuso el respaldo hasta del 90 % del Fondo Nacional de Garantías – FNG, para los créditos de las Mipyme, le inyectó 3,5 billones de pesos, para apalancar los créditos garantizados por la nación por 41 billones de pesos, que requieran empresarios, trabajadores independientes y subsidió el pago de nóminas de los cuales, solo se han aprobado 25 billones. Todas estas medidas y ayudas, marchan a paso lento, por las limitaciones, requerimientos exagerados de las entidades crediticias, los recursos no llegan a tiempo a los microempresarios, aún con la garantía del Gobierno Nacional, lo que ha generado en muchos casos procesos de insolvencia y liquidación de empresas.
Hay demasiada lentitud, poca flexibilidad en el otorgamiento de los créditos; al 60 % de los pequeños y medianos empresarios se les hace difícil el acceso al crédito bancario, esto interfiere en su recuperación y parece que no se tiene en cuenta que, representan el 70 % de la mano de obra empresarial y 35 % del PIB. Un panorama muy complejo y preocupante, si no se pone el acelerador para irrigar los recursos al sector empresarial; por ello, es necesario que, la Superintendencia Financiera, ejerza una mayor presión y control a estas entidades, porque hay muy poco compromiso con la reactivación económica de sectores estratégicos y generadores de empleo.
Las tasas de interés que se están aplicando para el otorgamiento de créditos -llámense tasa de Interés Bancario Corriente –IBC, y Tasa de Usura – TU- son exageradas y son fijadas por las mismas entidades bancarias de crédito, la Superintendencia Financiera, únicamente certifica y promulga las decisiones fijadas por los establecimientos de crédito. Es urgente que las autoridades gubernamentales -sin ser “intervencionistas” del mercado financiero- adopten las medidas necesarias, frente a las arbitrariedades de los agentes financieros de crédito especialmente, en estos momentos de crisis.
Es urgente que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, revisen, modifiquen la normatividad vigente, especialmente el procedimiento metodológico para el cálculo de dichas tasas de interés, estableciendo unos pisos y techos, que fijen unas tasas de interés racionales, con las que se interprete la realidad económica del país y eviten los abusos que hoy se presentan en el otorgamiento de créditos de consumo, comercial y microcréditos, que hacen onerosos los costos de las deudas adquiridas por los usuarios del sistema financiero colombiano.
No es posible que en las actuales circunstancias de recesión económica y niveles altos de desempleo, se manejen tasas excesivas de interés de colocación de créditos de consumo, que son los más utilizados por la clase media colombiana, que oscilan entre el 21 % y 28 % E.A; tasas de interés bancario corriente que en lo corrido del año, se sitúan entre el 18 % y 20 % , tasas de usura, para crédito ordinario a septiembre 30 del presente año del 27.53% E.A y para microcréditos del 51.24 % E.A. Es inadmisible e inaceptable la aplicación de estas tasas sin ningún control gubernamental.
Sin duda alguna, esta situación desbordada e incontrolada del sistema financiero, no solo pone en riesgo el cumplimiento de los usuarios del crédito, sino también, genera iliquidez al sistema financiero, encarece las deudas afectando su estabilidad y generado una crisis futura en el sistema, de consecuencias incalculables, que sería asumida por todos los contribuyentes, sino actuamos a tiempo.
En cuanto a las tasas de interés de colocación de los ahorros públicos, representadas en CDT y cuentas de ahorros, las entidades bancarias, compañías de financiamiento y corporaciones financieras, pagan tasas de interés que oscilan entre el 3 % y 5 % E.A. es decir, el margen de intermediación entre la tasa de interés de colocación y la de captación, es de los más altos del mundo, lo cual es muy rentable en materia de utilidades, para las entidades bancarias, en comparación con otros sectores de la economía -las cuales son más generadores de empleo y productividad- en un país con una economía frágil y con excesiva informalidad.
Los bancos colombianos, durante el primer semestre del año, obtuvieron unas utilidades de $3,12 billones en medio de la actual coyuntura de crisis, el único sector que generó utilidades, disminuyendo sus ganancias en 4.5 millones en comparación con el semestre de 2019. Es un sistema financiero perverso que favorece el agiotismo, los préstamos en el mercado ilegal, el famoso “gota a gota” o “paga diario” lo cual se traduce en inequidad, improductividad, pobreza para los pequeños microempresarios, trabajadores independientes y quienes viven de la economía informal.
En las actuales circunstancias, se requiere de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional, Congreso de la República, entes territoriales, agremiaciones privadas y por supuesto, el apoyo decidido del sector financiero, para remontar la crisis económica y social. Es el momento de adelantar reformas profundas y estructurales, que generen estabilidad y contribuyan a la reactivación de la economía en general, por eso, es urgente la voluntad política, que reforme el sistema financiero y racionalice las tasas de interés. De lo contrario, será muy costoso y tardará mucho más la recuperación económica y la generación de empleo en el mediano y largo plazo.
