Colombia atraviesa un mar de incertidumbre económica y social. La caída de la inversión pública y privada, así como la polarización y la toma de decisiones gubernamentales controvertidas, son algunos de los factores que han llevado a que Colombia haya obtenido un crecimiento del producto interno bruto (PIB) bajo en 2023. La desigualdad, el desempleo y el acceso limitado a servicios públicos han disminuido la calidad de vida de sus habitantes, que experimentan el recrudecimiento del conflicto armado. La Administración de Gustavo Petro ha recibido elogios por las buenas intenciones en materia de paz y reformas sociales, pero ha sido ampliamente criticada por la incertidumbre económica, la viabilidad de sus propuestas y la inestabilidad institucional que han producido sus acciones.
En 2023, el PIB de Colombia creció un irritante 0,6 %, el más bajo de este siglo salvo por los periodos en los que el Gobierno de Iván Duque se enfrentó a la pandemia. Las proyecciones de los economistas, que ya eran moderadas, desatinaron y la economía colombiana estuvo a punto de decrecer. La caída en la inversión, estimada en más del 20 %, tanto pública como privada, pone en riesgo la reactivación económica. El crecimiento de la banca y los seguros contrasta con la caída de los sectores de la construcción y la infraestructura, claves para la generación de empleo. También llegan noticias de recesión desde Perú, Reino Unido, Japón y Alemania; sin embargo, el gasto en administración pública y la ejecución del presupuesto del Gobierno colombiano deben responsabilizarse para corregir el rumbo en 2024.
«It's the economy, stupid» fue la frase acuñada por James Carville en 1992 que se convirtió en el eslogan de la campaña presidencial de Bill Clinton. Si se quiere satisfacer necesidades esenciales, como la alimentación, la salud y la educación, es necesario poner la lupa en el bajo desempeño de la economía colombiana, señor presidente.
Se han realizado todos los esfuerzos por aparecer en la primera plana de los diarios internacionales, pero el fracaso de los Juegos Panamericanos y la polarización que vivimos en las elecciones regionales, con intervención en política del presidente y el fiscal general, han generado interrogantes sobre nuestra viabilidad como país en el corto plazo. La imagen de Colombia se vio mermada con la renuncia de la ministra del Deporte en medio de un amplio debate sobre la moción de censura, que probablemente habría perdido. Primaron las prioridades políticas del gobierno en detrimento de la unidad nacional y la reputación del país.
Es obvio que no todo es culpa del presidente. Francisco Barbosa y Gabriel Ramón Jaimes Durán pasarán a los libros de historia de los que tanto se honra leer aquel, pero como responsables de la crisis de credibilidad de la Fiscalía General de la Nación. Sin impulsar la reestructuración que necesita ese órgano del Estado, encargado de la investigación penal, es posible que la hayan provocado. Socavaron la imparcialidad y la eficacia de la Fiscalía y pusieron en riesgo el tejido democrático de Colombia, empleando estrategias cuestionables contra sus detractores, menoscabando la neutralidad y eficiencia de la justicia. La demora en la elección de la nueva fiscal en Colombia no solo cuestiona la eficiencia y la efectividad del mecanismo de elección, sino que también puede erosionar la confianza pública en las instituciones judiciales.
Para enfrentar la complejidad que atravesamos, se requiere priorizar el diálogo inclusivo y la colaboración entre todos los sectores de la sociedad. Llegó la hora de implementar reformas estructurales tanto en la economía como en el sistema político, que promuevan un desarrollo inclusivo y sostenible de Colombia y mejoren la distribución de la riqueza y fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas. La consolidación de la justicia y la institucionalidad es esencial para restablecer la confianza ciudadana en las instituciones. Además, es imperativo incentivar la inclusión de las voces marginadas en la toma de decisiones y fomentar políticas que aborden directamente las causas raíz de la desigualdad social y el conflicto.
A pesar de las dificultades, hay esperanza en la capacidad de Colombia para superar estos retos. La colaboración, el respeto por la democracia y el compromiso con el bienestar de todos los colombianos son pilares que pueden guiar al país hacia un futuro mejor. Es momento de que los ciudadanos reflexionen sobre su papel en la sociedad y cómo pueden contribuir a este futuro, ya sea a través del voto, la educación o el activismo ciudadano. La participación de cada individuo es clave para construir una Colombia más justa, equitativa y pacífica.
