Me pregunto cuántas personas en los diferentes países estuvieron pendientes, o al menos se enteraron, de la realización de la 5a Conferencia Mundial Sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, que concluyó hace apenas nueve días en Durban (Sudáfrica).
Según la FAO y la OIT, son cerca de 218 millones de niños los que actualmente trabajan en el mundo y, de acuerdo con el DANE, más de 645 mil lo hacen en Colombia. Además, la Unicef asegura que este fenómeno es casi tres veces más frecuente en las zonas rurales que en las urbanas.
Mucho se ha hablado de luchar contra este flagelo. Las consideraciones radican en políticas efectivas que apoyen el cambio sostenible en los ámbitos de la educación, la protección social, los mercados y las normas de trabajo, así como en el diálogo social, el desarrollo rural y la transición de la economía informal a la formalidad. Algunos países han conseguido avanzar, pero la realidad es que en todos queda mucho por hacer.
La explotación y esclavitud de la niñez, porque así debe llamarse, es una cuestión de derechos humanos y laborales que afecta a todos. así miremos hacia otros lados. Trabajo infantil y pobreza son dos realidades que van de la mano, se retroalimenta y elevan la inequidad y la discriminación.
Los niños que trabajan principalmente provienen de hogares en situación de pobreza (la pobreza como principal determinante del trabajo infantil); pero a su vez, el trabajo infantil impide el pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes que lo sufren, obligándolos a mantenerse en la situación de pobreza original (la pobreza como consecuencia del trabajo infantil).
Durante el encuentro de Durban, El director general de la OIT, Guy Ryder, aseguró que uno de cada 10 niños en el mundo está sometido a este flagelo y que la mayor parte del trabajo infantil en el continente -alrededor del 70%- se realiza en la agricultura.
Hablamos frecuentemente de mirar al campo y de la atención, local e internacional, que requiere para alcanzar los ODS. Si bien, la agricultura ha realizado avances notorios y ha logrado cubrir en gran parte las necesidades alimentarias de una población que no para de crecer, garantizar los derechos humanos de la infancia no se puede aplazar.
La pobreza y el trabajo infantil son un círculo vicioso. Este solo podrá comenzar a romperse si en las zonas rurales existe una protección social inclusiva que asegure a las familias la escolarización de sus hijos y su posterior desarrollo en el ámbito laboral.
El trabajo decente es sinónimo de trabajo formal y de seguridad familiar. Como lo aseguró el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en la reunión de Durban, “Ninguna civilización, ningún país y ninguna economía pueden considerarse a la vanguardia del progreso si su éxito y su riqueza se han construido sobre las espaldas de los niños”.
Desde el gobierno, los gremios y la sociedad civil debemos aportar para que el trabajo en las actividades agrícolas no siga siendo mayoritariamente informal. En las zonas rurales la vulnerabilidad de las comunidades atenta contra las familias, y muchos niños y adolescentes son obligados a laborar.
También tenemos que entender que la agricultura familiar y la agricultura moderna son diferentes y requieren acciones diversas y complejas para asegurar el bienestar de la niñez. Aquí, el compromiso de los empresarios es fundamental para asegurar que al interior de sus organizaciones se vigile y evite esta actividad, y en las comunidades se forme y capacite a las personas sobre el ciclo de pobreza que supone.
Brindar trabajo formal en el campo para evitar el trabajo infantil es posible. Por ejemplo, el sector floricultor es reconocido por contar con el 100% de sus trabajadores, directos e indirectos, bajo las condiciones que la ley exige. También desarrolla programas de vivienda, educación y salud que brindan seguridad a los hogares de sus colaboradores y la posibilidad de formación escolar para sus hijos.
Además, estándares como Florverde Sustainable Flowers que cobija al 53% de las flores exportadas, exigen los requisitos de obligatorio cumplimiento para las empresas certificadas, las evidencias del absoluto cumplimiento de la normativa nacional e internacional en esta materia, y el aseguramiento en su cadena de proveedores de la vinculación a la seguridad social de todos sus trabajadores, garantizando una producción 100% libre de trabajo infantil.
Igualmente, otras actividades agrícolas se han organizado para asegurar condiciones de trabajo decente. Sin embargo, tenemos mucho más que aportar y entender que el campo es uno solo y que juntos podemos ayudar a generar políticas públicas, programas de incidencia social y una formación para el cambio comportamental que aporte aun más a la erradicación de la pobreza y el futuro de nuestra niñez.
