El Fast Track, traducido al español quiere decir vía rápida. En Colombia se contempló este mecanismo en el acto legislativo número 1 de 2016, para reducir el número de debates en el Congreso y de esta manera aprobar leyes y reformas constitucionales.
El proceso legítimo dicta que se presente un proyecto de ley y se haga una ponencia ante la Comisión, luego se debata en la plenaria y posteriormente, ocurra lo mismo en la otra Cámara antes de la sanción presidencial. En caso de ser un acto legislativo que modifique la constitución, los plazos se amplían hasta en 8 debates, pero el Fast Track sugiere que ambas cámaras sesionen en simultáneo para disminuir los tiempos.
Fue un invento del entonces presidente Juan Manuel Santos, el ministro del interior de la época, Juan Fernando Cristo y El senador Roy Barreras para poder legalizar rápidamente todo lo que se aprobaba en La Habana, en el marco del fallido acuerdo de paz. Temas trascendentales como la creación de la JEP, el tribunal de la verdad, las curules de las Farc, entre otros, fueron establecidos ante un claro atropello de la democracia, con la mermelada en mano, para que mayoritariamente se aprobarán de manera casi inmediata.
En ese momento, yo era Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia. Recuerdo que sólo nos hacían ocupar de esos temas, es decir que la agenda legislativa se limitaba a dichos proyectos. Si teníamos alguna proposición o modificación, tenía que tener el visto bueno del gobierno, dejando al Congreso, prácticamente como un notario. Nos aplastaban con las mayorías y en muchas ocasiones, la única salida que teníamos, era retirarnos del recinto para tratar de afectar el quórum, y que por lo menos, se ampliará el tiempo entre debate y debate.
Incluso yo propuse que quienes se desmovilizaran bajo el marco del acuerdo y reincidieron en actos violentos, no podían en el futuro, ser sujetos de nuevos indultos y amnistías, pero el ejecutivo no avaló la propuesta, por lo tanto no fue ni discutida ni votada, violando así la independencia de poderes y dejando además un vacío frente a este delicado tema. Pues si en los próximos meses, el presidente electo, Gustavo Petro o cualquier otro mandatario en el futuro, quiere indultar al guerrillero criminal de Iván Márquez, que ha irrespetado en todas las formas posibles el acuerdo, lo puede hacer y en unos años, si así lo quiere, podría incluso hasta llegar a ser jefe de estado.
Ahora, el virtual presidente del Senado, Roy Barreras, bien conocido por su clientelismo (Práctica política de obtención y mantenimiento del poder asegurándose fidelidades a cambio de favores y servicios), asegura que en el gobierno Petro hará una especie de “Fast Track”, es decir que traerá al presente las viejas prácticas, para acelerar si o si las reformas que tienen en mente. Añadiéndole una irregularidad más. La mayoría del nuevo Congreso es aliada del nuevo gobierno, lo que significaría una nueva práctica antidemocrática, en donde habría poca o nula participación de la oposición.
En su afán de mostrar resultados, buscan cambiar las reglas de juego, con menos discusión, menos posibilidad de presentar proposiciones para objetar y con tiempos irrisorios que no dan cabida, al juicioso estudio de los textos, sino a lo que se establezca por prioridad del gobierno.
El “Fast Track” que plantea Roy limita los derechos democráticos de los más de 11 millones de personas que votamos en contra de las propuestas de Petro y que estaríamos representados en los pocos congresistas de oposición, que al parecer, no podrán refutar ante el aplastante ímpetu de arbitrarios e inoportunos cambios.
