La aprobación en primer debate de la ponencia del Presupuesto General de la Nación para 2026 abre la posibilidad de construir un presupuesto más cercano a la realidad fiscal del país y a las necesidades de las regiones. No se trata de un trámite más, sino de un ejercicio de responsabilidad política y financiera que contrasta con lo sucedido en 2025, cuando la nación terminó con un presupuesto impuesto por decreto y con el fantasma de una dictadura fiscal que minó la credibilidad de Colombia en el manejo de sus cuentas públicas.
El ajuste realizado, que redujo el monto del presupuesto a $546,9 billones, es una señal de disciplina y sensatez. Insistir en cifras desbordadas y desfinanciadas, como se venía planteando, no solo habría generado mayor incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal, sino que también habría debilitado la confianza en el país. Hoy el Congreso asume con claridad que un presupuesto debe ser viable, ejecutable y transparente, y no un simple listado de promesas que terminan incumplidas.
Otro avance clave es haber blindado la estabilidad jurídica de las vigencias futuras. Con ello, los grandes proyectos de interés nacional mantienen respaldo y continuidad, evitando que la improvisación o la falta de planeación los frene. Colombia necesita certeza para sacar adelante sus obras estratégicas en infraestructura, energía y competitividad, y esta decisión reafirma que el Estado cumple con sus compromisos.
En paralelo, la eliminación de artículos que pretendían condicionar el manejo del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) reafirma la defensa de la autonomía territorial. Esos recursos no pertenecen a la caja de la Nación, son patrimonio de las entidades locales, y pretender disponer de ellos desde el centralismo habría sido un golpe directo contra las regiones. El Congreso corrigió esa intención y dejó en claro que los fondos de las regiones no pueden ser usados como salvavidas fiscal del Gobierno central.
En el mismo sentido, se reafirmó un principio fundamental: los recursos de las regiones son para las regiones. No se trata solo de descentralización administrativa, sino de un modelo de desarrollo que entiende que los territorios saben mejor que nadie cuáles son sus prioridades y cómo ejecutar los recursos. Mantener esa autonomía es la única forma de garantizar que la inversión llegue donde más se necesita y no se pierda en gastos burocráticos o en políticas improvisadas desde Bogotá.
Con estas decisiones, el Congreso no solo ajusta el monto y el contenido del presupuesto, sino que envía un mensaje contundente: no se permitirá que se repitan los errores del 2025, cuando el Gobierno optó por imponer un presupuesto inflado y desfinanciado a través de un decreto. Esa experiencia debilitó las instituciones y puso en duda la independencia de los poderes públicos. Hoy se abre un camino distinto, en el que el control político, el diálogo y la concertación marcan la pauta.
El reto ahora es garantizar que lo aprobado se ejecute con eficiencia y transparencia. La verdadera transformación no está en las cifras sobre el papel, sino en la capacidad de convertir los recursos en bienestar para la gente. El Congreso ha cumplido con su deber de encauzar las finanzas hacia un terreno más realista; ahora corresponde al Ejecutivo demostrar que puede administrar con responsabilidad, sin caer en el facilismo de los atajos fiscales que tanto daño le han hecho al país.
