Tras casi nueve meses de conocerse en Colombia el primer caso de COVID-19 y cuando se han reportado más de 36 mil fallecidos y nos acercamos a un millón trescientos mil contagios, hemos dado pasos audaces para adquirir las vacunas que nos inmunizarán contra el coronavirus.
Mientras el país tiene aseguradas 20 millones de dosis que se distribuirían en el segundo semestre de 2021 –priorizando a los mayores de 60 años, las personas con comorbilidades y los trabajadores de la salud– el Congreso de la República avanzó en la discusión y aprobación del proyecto de ley que dotará al Gobierno Nacional de las herramientas necesarias para obtenerlas ágilmente.
El deber de las instituciones públicas no es ilusionar a la ciudadanía con utopías inalcanzables, sino tener el mejor desempeño factible. Esto demanda reconocer una realidad tozuda en medio de la cual se moverá la acción del Estado colombiano para procurar las vacunas. Se trata de que todos los Estados del mundo, pese a las medidas multilaterales basadas en la colaboración y la cooperación, ahora compiten por ser los primeros en comprarlas después de negociar contratos multimillonarios con multinacionales farmacéuticas.
Esta realidad exige unión, responsabilidad y audacia, no la temeridad de quienes piden al Gobierno hacer lo imposible para luego criticarlo por hacer lo posible, como apoyar la romántica petición sin futuro de India y Sudáfrica a la Organización Mundial del Comercio para que no apliquen las normas sobre patentes y propiedad intelectual a la vacuna y otros medicamentos desarrollados para combatir la pandemia.
Pero el realismo no implica dejar de perseguir los ideales, y su búsqueda no puede hacernos ignorar la realidad. Ahí radica el valor de la ley que terminará de aprobarse esta semana: en reconocer el contexto económico y político internacional en que gravita la vacuna contra la COVID-19, sin flaquear en la determinación de inmunizar a todos los colombianos.
Presentado por el Centro Democrático, el proyecto prevé incentivos tributarios para quienes hagan donaciones para obtener las vacunas (un descuento en el impuesto de renta igual a la mitad del valor de la donación), reglas sobre la responsabilidad del fabricante y la tramitación de eventuales litigios, un amplio margen de maniobra al Ejecutivo para llegar a acuerdos con organizaciones públicas o privadas para obtener el medicamento y contratar una póliza de garantía global para cubrir posibles condenas al Estado y, lo más importante, la orden de suministrar gratuitamente la vacuna a toda la población.
A pesar de los cuestionamientos caprichosos y las tergiversaciones de algunos sectores de oposición, la iniciativa es apoyada decididamente por la mayoría de partidos políticos que han comprendido su mérito y la importancia de no politizar una cuestión en la que el país debe estar unido.
La ley será un gran avance, pero la tarea no será fácil. El Estado deberá hacer un esfuerzo enorme para, después de tener las vacunas, almacenarlas y transportarlas con seguridad en un territorio con rezagos de conectividad y dificultades logísticas bien conocidas.
Aunque los requerimientos técnicos de conservación de las diversas vacunas desarrolladas a la fecha son diferentes y la determinación de Colombia es no comprarlas hasta tanto no hayan sido aprobadas por las autoridades sanitarias, es ilustrador advertir que la creada por la alianza de la americana Pfizer y la alemana BioNTech debe conservarse a menos de 70 grados bajo cero, temperatura comparable a las más bajas registradas en la Tierra e inferior a la que puede alcanzar un congelador ordinario.
No obstante estos desafíos, hay razones para el optimismo. Colombia tiene menos muertes por cada cien mil habitantes (72,94) que países de la región como Perú (111,87), Brasil (82,1) y Chile, (81,57); incluso menos que España (95,6), Italia (88,82) y Estados Unidos (80,95). Tiene, además, Unidades de Cuidados Intensivos disponibles y un valiente personal médico más familiarizado con la enfermedad. Colombia también ha aprendido a convivir con la COVID-19 en una fase de autoprotección, cuya premisa es la responsabilidad individual. Y Colombia autorizará al Gobierno a actuar audazmente para vacunarnos para siempre contra el coronavirus que nos transtornó la vida en este 2020.
Encima 1. La Fiscalía General de la Nación, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la DEA no participaron en ninguna operación de sabotaje del acuerdo Santos-FARC: ese pacto, rechazado por la mayoría de colombianos, se ha saboteado a sí mismo por sus indulgencias con personas como Santrich, un narcoterrorista, no un poeta, cuya fuga fue posible gracias a la JEP.
