La Fiscalía General compartió el segundo informe parcial sobre la situación de orden público en todo el territorio nacional durante las elecciones presidenciales. Desde el sábado, el organismo ha avanzado en el desarrollo del plan dispuesto para garantizar la transparencia en la jornada electoral.
Algunas situaciones como alteraciones del voto, intentos de alteración del orden público y denuncias de fraude electoral han sido investigadas e intervenidas por parte de los 8.623 funcionarios entre fiscales, asistentes e investigadores que están disponibles en 987 municipios para cualquier eventualidad.
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Balance de hechos electorales
A 74 personas ascendió el número de capturados en las mesas de votación en lo transcurrido de la jornada electoral. En el municipio de San Bernando del Viento, en el departamento de Córdoba, una persona fue capturada por marcar un voto de una persona en condición de discapacidad y otra por suplantación en el municipio de Sahagún.
Otro de los hechos que se informó a la Fiscalía es que en total 27 personas que estaban reportadas como desaparecidas se acercaron a ejercer su derecho al voto. Hasta ahora se registrado cinco de ellos en Boyacá, cuatro en Medellín, tres en el Atlántico, dos en Huila, dos Cali y una en Santander, Norte de Santander, Risaralda, Chocó, Magdalena, Boyacá y Cesar.
https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1000789323174830080
En el municipio de Francisco Pizarro, en Nariño, fue normalizada la situación de orden público después de que se conocieron presuntas amenazas contra el registrador Edwin Tello. Además, está en proceso de investigación una situación de supuestos tarjetones premarcados para favorecer algunos candidatos.
En total se han registrado 14 denuncias por perturbación del certamen electoral, fraude, constreñimiento al elector, alteración de resultados, corrupción del sufragante y favorecimiento del fraude, en todo el territorio nacional.
La Fiscalía General extendió la invitación a los ciudadanos para que informen a sus funcionarios cualquier irregularidad de la que sean testigos para garantizar transparencia durante todo el proceso electoral.
