Por las irregularidades en el contrato para el control del dengue entre 2013 y 2015, el Tribunal Superior de Bogotá envió a prisión a José María Ballesteros quien es investigado por los delitos de peculado y la contratación sin requisitos legales.
Durante la licitación y ejecución del convenio 019 del 2014, que tenía un valor de 17.500 millones de pesos, se habrían presentado hechos de corrupción . De acuerdo con la Fiscalía, Ballesteros suscribió el convenio que le pidió la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud (Olfis) por 200 millones de pesos para agilizar el desembolso de $1.700 millones correspondientes al anticipo del contrato, con el fin de realizar una investigación sobre las causas de la enfermedad en La Guajira.
El ente investigador estableció que los recursos destinados por Colciencias para adelantar el proyecto presentado por la Gobernación, no fue ejecutado de acuerdo a lo aprobado.
La administración departamental habría seleccionado a un contratista sin experiencia, sin capacidad económica ni administrativa para cumplir el convenio.
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En las investigaciones se encontró que se contrataron servicios de contabilidad dos veces, es decir, hubo duplicidad de contratos, alquiler de vehículos que no necesitaban y pagos de nómina no acordes. Con la empresa Barajas firmó un contrato por 286 millones de pesos para manejar la contabilidad del contrato, a pesar que el señor Oswaldo Castro ya había sido contratado por el mismo objetivo.
Otro caso irregular fue el de Martha Castro, hermana de Oswaldo Castro, a quien según la Fiscalía le pagaron 17 millones por entregar unos folletos. Lo que explica la contratación de personal que no se requería y con nóminas elevadas.
De la misma manera, se presentó el caso de Eduardo Andrés Acosta, cuñado de Oswaldo Castro, contratado para transportar al directivo de Olfis, Fredy Alexánder Díaz, pero este dijo que solo lo vio una vez.
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Por estas investigaciones Ballesteros es acusado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Sin embargo, el exgobernador no aceptó los cargos.
