Las comunidades afrodescendientes del pacífico han venido denunciando la dilatación judicial contra dos líderesas presuntamente implicadas en hechos de narcotráfico y actividades subversivas a favor del Ejercito de Liberación Nacional (Eln) en el área rural de Tumaco.
Se trata de Tulia Maris Valencia y su hija Sara Quiñonez, mujeres nariñenses que hacían parte activa del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, zona de alta conflictividad entre los diferentes actores armados y decretada en el 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con medidas cautelares sobre los defensores de la sustitución de cultivos ilícitos y de territorio.
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En palabras de la coordinadora nacional de Cabildeo del Proceso de Comunidades Negras (PCN), Charo Mina Rojas, el hecho se enmarca como un "falso positivo judicial" en el que tras "una casería de brujas", capturaron a 33 personas, entre ellos las voceras nombradas, exfuncionarios locales, desmovilizados de la exFarc y campesinos tumaqueños.
Sin embargo, para Claudia Carrasquilla, Fiscal Nacional contra el Crimen Organizado, estás capturas se dieron tras la investigación hecha desde el 2015 y en la que "se pudo evidenciar que hay algunos exfuncionarios públicos y algunos líderes que posiblemente estaban al servicio del Eln, sobre todo en el manejo de las redes de apoyo y de las finanzas”, declaró al portal verdad abierta.
Rojas, quien también fue integrante del Comité de Género de la Comisión Étnica en el proceso de paz de la Habana, Cuba, señala que "esto también se dio cuando comenzaron los diálogos con la antigua guerrilla de las Farc, mucha personas se vieron criminalizadas y fueron disueltas a los dos años tras no contar con testimonios que comprobaran su injerencia criminal. Ahora sucede lo mismo con el proceso del Eln".
Y es que según lo denunciado, Valencia y Quiñonez , residían en la vereda Candelillas en San Andrés de Tumaco y desarrollaban actividades desde el consejo comunitario para el fortalecimiento de la identidad en la escuela y con las mujeres, pero han sido acusadas de reclutamiento y proselitismo insurgente.
El fiscal que llevó el caso fue Roberto Gordillo Vélez, que se refirió de manera “discriminatoria contra las comunidades afro” y arremetió contra las acusadas, relata Charo. Pero quien determinó prisión para las dos líderesas, fue el juez Moisés Mavaler, que apegado al constante regreso de Valencia y su familia al territorio después de sufrir desplazamiento y estar bajo sentencias de muerte, imputó cargos de concierto para delinquir, rebelión y narcotráfico para fortalecer las acciones del grupo guerrillero.
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"Ella siempre regreso por el compromiso con la región y por su madre que vive allí", defiende la invitada en el 2017 al Debate Abierto sobre Mujeres, Paz y Seguridad en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quien además exige en nombre del PCN un argumento probatorio del juzgamiento, porque "no había ningún elemento real para establecer que están vinculadas a las armas o en acciones violentas".
Actualmente, Valencia y Quiñonez completaron 365 días en la Cárcel de Jamundí, tiempo “irreparable” según Charo Mina, quien afirma que dos personas que fueron capturadas con ellas, una goza de libertad tras falta de pruebas y otra de casa por cárcel mientras comprueban los cargos.
La actual nominada al Premio Líderes de Derechos Humanos Rostros por la Igualdad 2019 de la Embajada de Canadá en Colombia, mencionó que tuvieron una audiencia para solicitar la libertad por vencimiento de términos pero fue negada, a lo que "hemos seguido un proceso de apelación a través de la tutela y peticiones a la Procuraduría para el estricto seguimiento".
La Fiscalía General de la Nación hasta el momento no se ha referido al caso públicamente.
