Un crimen empaña las aspiraciones políticas del exalcalde de Santa Marta y excandidato presidencial, Carlos Caicedo. Está investigado por haber participado en el asesinato del estudiante Hugo Elías Maduro en el año 2000, al parecer a manos de miembros del paramilitarismo, como consecuencia a sus denuncias de corrupción al interior de la Universidad de Magdalena, mientras él fungía como rector.
El político ya había tenido problemas con la justicia al ser acusado de incurrir en irregularidades en la construcción de centros de salud en la capital del Magdalena. Ahora, por este caso, la Fiscalía resolvió el pasado jueves 31 de enero su situación jurídica por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, luego de encontrar evidencias que lo vincularían con la muerte del estudiante.
Así pues, el ente acusador decidió que el procesado deberá cumplir medidas no restrictivas de la libertad, entre ellas: no salir del país, tener vigilancia permanente y no comunicarse con testigos o víctimas involucradas en el proceso; además de pagar una sanción económica de 30 salarios mínimos.
En diálogo con KienyKe.com, su defensa aseguró que estas acusaciones hacen parte de "una persecución política, porque siempre que Caicedo empieza a tener relevancia a nivel nacional, curiosamente empiezan las investigaciones penales en su contra".
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Su abogado Iván Cancino explicó que a él le recibieron indagatoria por el caso de Hugo Elías Maduro en el 2006 y que la ley decía que se tenía que resolver situación jurídica a más tardar diez días siguientes, pero que eso no sucedió y "han pasado 12 años, pero curiosamente lo hacen, preciso, cuando ha demostrado su fuerza en las elecciones".
Aunque Cancino no se arriesgó a dar un nombre en concreto, dijo estar seguro de que estas trabas hacen parte de una conspiración para dañar su imagen y ponerle "talanquera" en su ejercicio político porque "no pueden derrotarlo".
Para él, estas supuesta vinculaciones de Caicedo y sectores de las AUC para asesinar al estudiante "son absurdas" porque su ideología política es de izquierda y "siempre fue objetivo militar de los paramilitares". "Esto no tiene ningún sentido, ningún peso, ni ningún soporte; a nadie le cabe en la cabeza que se haya aliado con personas que pretendían matarlo", aseveró.
"Es absolutamente ridículo pensar que puede haber una unión de esa naturaleza entre Caicedo y los paramilitares. La Fiscalía establece que tiene como prueba declaraciones de desmovilizados, pero es obvio que tienen interés de perjudicarlo para favorecer a sectores de derecha", manifestó el jurista.El abogado aseguró que las medidas impuestas por la Fiscalía "no tienen lógica" porque "cómo es posible que si esto no tuviera tinte político a esta persona por un homicidio le resuelvan situación jurídica sin privarle de la libertad". "¿Si tienen pruebas por qué no profirieron medida de aseguramiento? Lo que resolvió la Fiscalía no tiene sentido, obviamente son dirigidas a entorpecer su actividad política", afirmó. Explicó que en este momento se abre otra vez el debate probatorio y aseguró que desde su defensa presentarán un escrito de petición de pruebas y a la mayor brevedad solicitarán la preclusión de la investigación.
