Luego de una solicitud realizada por la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 40 Penal Municipal de Medellín, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Ruber Alonso Quiroz Higuita, sargento activo del Ejército Nacional; Valdemar Javier Criado Tarazona, mayor retirado y la particular Claudia Patricia Sánchez Urueña. Se les acusa de la presunta defraudación al Ejército Nacional con la falsificación de conceptos y fichas técnicas para obtener pensiones e indemnizaciones con supuestas incapacidades físicas o mentales.
Las aprehensiones se realizaron en los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, Tolima, Quindío, Caldas y Putumayo, por miembros de la Dijín de la Policía Nacional.
Según las investigaciones realizadas por un fiscal seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, en el 2013 un mayor retirado del Ejército habría constituido una empresa denominada 'V.C.T asesorías jurídicas militares' para realizar trámites de pensión e indemnización a miembros de las Fuerzas Armadas.
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Se estableció que tal empresa falsificaba conceptos médicos para presentarlos a las juntas médicas y así obtener grandes sumas de dinero para los demandantes, quienes, en la mayoría de los casos, salían pensionados por aparentes casos de invalidez.
Estas irregularidades fueron conocidas luego de una auditoría interna realizada por el Comando General del Ejército, "en la que se determinó que la mencionada estructura criminal tramitaba 500 solicitudes para pensión con documentos y certificados médicos espurios, cuya defraudación podría ascender a los dos mil millones de pesos", agregó la Fiscalía en un comunicado.
La investigación dio a conocer que, además, en algunos casos los presuntos delincuentes suplantaban la identidad de los solicitantes y llevaban a evaluación de las juntas médicas a personas de características morfológicas similares de las personas que tramitaban el retiro forzoso.
Los procesados no aceptaron los delitos imputados entre los cuales estaban: concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público, estafa agravada, cohecho propio y uso de documento público falso.
Cabe resaltar que, la investigación permitió frenar más de 500 solicitudes de pensiones irregulares que se estaban tramitando desde el año 2013.
