El pasado miércoles 5 de marzo, en una sesión histórica, la representante a la Cámara, Ingrid Johana Aguirre Juvinao, utilizó la tribuna del Congreso para hablar por primera vez de su denuncia por acoso sexual contra César Lorduy, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Con una voz firme y decidida, Aguirre recordó los terribles momentos vividos durante las elecciones locales de 2023, cuando el ahora exmagistrado la habría presionado tanto económicamente como sexualmente.
La denuncia de Ingrid Aguirre
Durante su intervención en el Congreso, Aguirre reveló detalles escalofriantes del acoso al que fue sometida por Lorduy. La representante relató que el magistrado le habría pedido $500 millones para revocar una candidatura, y cuando ella no accedió a sus exigencias económicas, Lorduy le habría propuesto “pagarle con su cuerpo” en las instalaciones del CNE.
Con estas palabras, Ingrid Aguirre no solo hizo pública su dolorosa experiencia, sino que también le recordó al Congreso la impunidad que sigue enfrentando la mayoría de las mujeres en el país, víctimas de acoso y abuso de poder.
Tras la denuncia, el Congreso de la República aceptó la renuncia de César Lorduy como magistrado del CNE. La decisión fue tomada en una sesión conjunta entre el Senado y la Cámara de Representantes, donde se alcanzaron 73 votos a favor en el Senado y 155 en la Cámara.
La votación tuvo lugar a las 12:20 p.m., sin ningún voto en contra, lo que reflejó el consenso entre los legisladores de que la presencia de Lorduy en el CNE ya no era viable, dado el peso de las acusaciones que pesan sobre él.
El propio Lorduy había presentado su dimisión el 2 de diciembre de 2024, pero continuó ejerciendo sus funciones hasta principios de 2025.
Su salida, aunque celebrada por muchos, también desató un intenso debate sobre la responsabilidad de las instituciones políticas en la protección de las mujeres y la prevención de la violencia sexual en el ámbito público.
“No podemos permitir la impunidad”: Ingrid Aguirre
Ingrid Aguirre, quien se convirtió en una voz importante en la lucha contra el acoso y la violencia de género en la política, reafirmó su denuncia contra Lorduy en su intervención.
La representante hizo un llamado enérgico a todos los partidos políticos, especialmente a Cambio Radical, a no permitir que el exmagistrado continúe con su carrera política. "Serán las mujeres y la sociedad quienes lo castiguemos en las urnas", afirmó Aguirre, haciendo referencia a los rumores que indican que Lorduy podría postularse en las elecciones presidenciales de 2026.
Su declaración no solo refleja la valentía de la representante al enfrentar un sistema patriarcal, sino también la urgencia de garantizar que los agresores sexuales no sigan ocupando cargos públicos de poder.
La ausencia de César Lorduy durante la sesión en la que se discutió su renuncia fue uno de los puntos más controversiales del debate. Algunos congresistas, como el senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, pidieron que se aplazara la votación debido a la ausencia del exmagistrado, quien no asistió a la sesión para dar explicaciones sobre los motivos de su renuncia.
Sin embargo, la senadora María José Pizarro se opuso rotundamente a la propuesta, destacando que la renuncia de Lorduy ya debía hacerse efectiva y que el Congreso no podía permitir que alguien con tan graves acusaciones siguiera en funciones. La postura del Senado fue finalmente respaldada por la mayoría, y la renuncia de Lorduy fue aprobada sin mayores complicaciones.
El anuncio de la dimisión de Lorduy fue celebrado por Ingrid Aguirre en sus redes sociales, quien expresó su satisfacción por la victoria alcanzada. “¡Lo logramos! Es una victoria de las mujeres que hemos sido acosadas; es la voz de quienes a diario se exponen a sujetos como César Lorduy", celebró la congresista.
Este acto, más allá de la renuncia de un magistrado, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el acoso sexual en la política. La valentía de Ingrid Aguirre al denunciar a una figura tan poderosa como Lorduy abre un camino hacia la justicia para las mujeres que, a menudo, se ven silenciadas por las estructuras de poder.
Aunque la renuncia de César Lorduy es un paso importante, la lucha por un entorno político más seguro y equitativo continúa. Este episodio deja claro que, en la política colombiana, aún persisten barreras para que las mujeres puedan ejercer su rol sin ser víctimas de abuso. La denuncia pública de Ingrid Aguirre es un recordatorio de la necesidad urgente de cambiar las estructuras que permiten la violencia sexual y el acoso, exigiendo que los responsables rindan cuentas.
Este caso también pone en evidencia la violencia política que enfrentan muchas mujeres que ocupan cargos públicos en Colombia. A menudo, las funcionarias se ven sometidas no solo a acoso sexual, sino a intimidación, difamación y amenazas, todo ello en un contexto donde las instituciones encargadas de protegerlas muestran una alarmante inoperancia.
La falta de mecanismos eficaces de denuncia y protección para las mujeres en la política refleja la ausencia de un compromiso real del Estado para garantizar su seguridad y dignidad en el ejercicio de sus funciones. A pesar de los avances legislativos, aún persisten estructuras patriarcales que silencian y desprotegen a las víctimas, lo que agrava la impunidad y perpetúa la violencia.
La situación de Ingrid Aguirre y de muchas otras mujeres debe ser un llamado urgente a la acción, para que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de las mujeres que luchan por un país más justo y equitativo, sin tener que pagar el precio de la violencia de género en su trayectoria política.
