La violencia vicaria es una forma extrema y profundamente dolorosa de violencia de género que aún no ha sido reconocida legalmente como delito específico en Colombia.
Sin embargo, su impacto es devastador y creciente. Según cifras de la Fundación Contra la Violencia Vicaria, al menos 2.517 mujeres fueron víctimas de este tipo de violencia en 2023. Solo en el primer trimestre de 2024, se registraron 890 casos adicionales, lo que evidencia una tendencia alarmante que requiere atención urgente por parte del Estado y de la sociedad.
¿Qué es la violencia vicaria?
El término violencia vicaria fue acuñado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro y hace referencia al daño ejercido contra una mujer a través del sufrimiento infligido a sus seres más queridos, especialmente los hijos e hijas. Es decir, cuando el agresor —generalmente exparejas o padres de los niños— utiliza la relación con los hijos o familiares para dañar emocional y psicológicamente a la madre, incluso llegando a la violencia física y al asesinato.
La violencia vicaria suele emerger tras una separación o divorcio, especialmente en contextos donde ya existía una historia previa de maltrato. Se presenta de diversas maneras: desde amenazas, manipulación emocional, instrumentalización de los hijos, hasta actos extremos como el secuestro, desaparición o asesinato de los menores.
Uno de los casos más desgarradores ocurrió en octubre de 2022. Gabriel Esteban Cubillos Rodríguez, un niño de cinco años, fue asesinado por su padre en un acto que conmocionó al país. La madre, Consuelo Rodríguez, había confiado en que su hijo estaría seguro al salir con su progenitor a comer un helado. Pero el horror llegó cuando descubrió una USB en la que su expareja anunciaba su intención de matar al niño como forma de castigarla por rehacer su vida. El asesinato se concretó horas después, dejando una herida profunda no solo en la madre, sino en toda la sociedad.
Este caso, junto con otros similares, ha impulsado una discusión nacional sobre la necesidad de tipificar la violencia vicaria como un delito autónomo. Aunque aún no existe una ley específica, en el Congreso de la República cursan dos proyectos legislativos: uno busca reformar la Ley 1257 de 2008 para incluir esta modalidad, y otro propone su tipificación penal.
Un fenómeno que ha sido invisible
Durante un diálogo de alto nivel organizado por ONU Mujeres y la Embajada de Suecia en Colombia, con participación de la psicóloga Sonia Vaccaro y representantes del Gobierno colombiano, se subrayó la urgencia de legislar sobre esta forma de violencia.
“La violencia vicaria ha permanecido invisible, tanto en la sociedad como en las políticas públicas. Esa invisibilidad ha impedido su prevención y atención adecuada”, expresó Helena Storm, embajadora de Suecia en Colombia. Bibiana Aído, representante de ONU Mujeres, también enfatizó que este tipo de violencia necesita un reconocimiento institucional urgente, y felicitó al Congreso por los avances legislativos.
Actualmente, se estima que en Colombia hay un promedio de 498 casos activos de violencia vicaria, aunque la cifra podría ser mayor debido al subregistro y a la falta de una legislación que permita su categorización precisa.
¿Por qué es necesario reconocerla legalmente?
El reconocimiento legal de la violencia vicaria es clave no solo para castigar a los agresores, sino también para brindar herramientas a jueces, fiscales, comisarías de familia y entidades de protección infantil para actuar de manera eficaz. Además, visibilizarla permite prevenirla, al dar señales claras de que no será tolerada y que la protección de los menores y las madres es una prioridad estatal.
La violencia vicaria no es un asunto privado ni familiar, como muchas veces se pretende minimizar. Es una manifestación brutal del control y la dominación patriarcal, donde los hijos se convierten en instrumentos para continuar el ciclo de violencia hacia la mujer, aun después de una ruptura.
Ante esta realidad, organizaciones civiles, organismos internacionales y sectores del Gobierno colombiano insisten en que es hora de legislar con contundencia y sin dilaciones. Colombia no puede seguir permitiendo que esta forma de violencia quede en la sombra del sistema judicial. Las mujeres y los niños merecen vivir sin miedo, y eso solo será posible si se rompen los silencios y se actúa con decisión.
