La FIFA dijo este miércoles que Rusia y Catar se mantienen como sedes de las Copas del Mundo de 2018 y 2022, a pesar de que la propia organización pidió al Ministerio Público de Suiza investigar la atribución de tales torneos por sospechas de corrupción.
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"Los mundiales tendrán lugar en Rusia y Catar. Este es el hecho, no podemos especular sobre lo que pasará mañana o pasado mañana. Esto es lo que puedo decir ahora", dijo el director de Comunicaciones de la FIFA, Walter De Gregorio.
Frente a varias preguntas sobre cómo descartar la revisión de un proceso de elección de sedes que está bajo investigación, el portavoz insistió en que "los mundiales de Rusia y Catar se jugarán, eso es lo que puedo decir, ni más ni menos".
"¿Qué esperan de nosotros? ¿Qué empecemos a especular sobre eso?", dijo De Gregorio en una conferencia de prensa.
Su comparecencia se produjo cinco horas después de la detención de seis dirigentes de la FIFA en el hotel donde pernoctaban en Zurich, en relación a una investigación distinta por supuesta corrupción en la atribución de derechos de transmisión, publicidad y auspicio de torneos futbolísticos en Estados Unidos y América Latina.
En cambio, la investigación sobre el proceso de elección de Rusia y Catar, por parte del Ministerio Público de Suiza, corresponde a una demanda penal presentada por la propia FIFA el pasado 18 de noviembre y dio lugar también hoy, por coincidencia, a la búsqueda de documentos y datos electrónicos en la sede de la organización.
El portavoz explicó que esa aparente coincidencia, que además se produce dos días antes del congreso donde se tiene que elegir al presidente de la FIFA, se explica por el hecho de que para este evento se encuentran en Zúrich "todas las personas" que la Justicia suiza está interesada en interrogar.
"Es más fácil hablar con ellos, en un solo lugar, que ir a cada uno de sus países", mencionó.
La presencia de prensa de todo el mundo para el congreso de la FIFA ofrece además una cobertura mediática a las investigaciones, agregó.
Pesos pesados entre los investigados:
Dos vicepresidentes de la FIFA, el uruguayo Eugenio Figueredo y el caimanés Jeffrey Webb, así como el expresidente de la Conmebol, el paraguayo Nicolás Leoz, figuran entre los 14 acusados por Estados Unidos por corrupción.
El departamento de Justicia hizo público un comunicado en el que anuncia que han sido presentadas 47 acusaciones ante el tribunal de Brooklyn (Nueva York) por "organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo de dinero, entre otros".
El resto de los federativos acusados son el costarricense Eduardo Li, el nicaragüense Julio Rocha, el trinitense Jack Warner, el venezolano Rafael Esquivel, el brasileño José María Marín y el caimanés Costas Takkas.
La Justicia estadounidense no ha formulado cargos contra el presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, que se presenta a la reelección para un quinto mandato el próximo viernes en el Congreso de la FIFA en Zúrich.
Asimismo, el Ministerio de Justicia y Policía de Suiza confirmó la detención esta madrugada de seis de estos altos responsables de la FIFA que estaban en Zúrich y cuya extradición ha sido concedida a Estados Unidos.
También están acusados los ejecutivos de empresas relacionadas con la FIFA, Alejandro Burzako, de la argentina Torneos y Competencias; Aaron Davidson, de Traffic Sports USA, y Hugo y Mariano Jinkis, del Full Play Group de Argentina.
Según esta investigación los acusados estarían implicados en la obtención de sobornos por valor de más de 150 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Entre los 47 cargos por el enriquecimiento ilícito durante 24 años mediante la corrupción del fútbol, los beneficiarios habrían logrado "lucrativos derechos de comercialización en los medios y mercadotecnia en los torneos internacionales".
Otros presuntos involucrados en esta investigación citados en el comunicado oficial son Charles Blazer, exsecretario general de CONCACAF y antiguo representante de Estados Unidos en el comité ejecutivo de la FIFA y José Hawilla, propietario y fundador del conglomerado mediático brasileño Traffic.
"Corrupción rampante, sistemática y profundamente enraizada" es la descripción de la fiscal general Loretta Lynch, que puntualiza que "se ha extendido en las dos últimas generaciones de federativos que abusaron de sus puestos de confianza para conseguir millones de dólares en mordidas y sobornos".
La fiscal general norteamericana señala como víctimas a multitud de competiciones y torneos de países en desarrollo que deberían haberse beneficiado de los ingresos generados con la comercialización de los citados derechos y los aficionados en Estados Unidos y en todo el mundo.
Algunos de los responsables de estos delitos pueden afrontar penas de cárcel de 20 años, según la nota, que precisa que además de los 10 años de prisión que le pueden pedir, A Figueredo le podrían revocar su nacionalidad estadounidense por falsificación.
