Una escalera ubicada dentro de un apartamento privado en Bogotá terminó convertida en tema de conversación nacional.
La razón no está únicamente en su diseño. La estructura hacía parte de Altos de Santana, un conjunto residencial concebido por Rogelio Salmona y declarado Bien de Interés Cultural del ámbito distrital.
La intervención fue mostrada en redes sociales y rápidamente generó críticas y preguntas sobre los límites que existen al remodelar un inmueble patrimonial. El debate escaló cuando el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) confirmó que las modificaciones realizadas en el apartamento no contaban con autorización previa.
Pero el caso deja una pregunta que va más allá de la controversia: si una persona es propietaria de un apartamento, ¿por qué no puede modificar libremente una escalera que está dentro de su vivienda?
¿Qué pasó con la escalera de Rogelio Salmona en Altos de Santana?
Altos de Santana está ubicado en los cerros orientales de Bogotá, en la localidad de Usaquén.
Según la Fundación Rogelio Salmona, el proyecto fue desarrollado por Rogelio Salmona entre 1986 y 1990 sobre un terreno de alta pendiente. La edificación cuenta con 15 apartamentos: 12 son dúplex y tres están desarrollados en tres niveles. Su arquitectura fue concebida precisamente a partir de las condiciones del terreno, con volúmenes escalonados, terrazas y circulaciones que hacen parte integral de la propuesta.
En los últimos días comenzaron a circular en redes sociales imágenes y videos de la remodelación de uno de esos apartamentos.
Uno de los cambios que más atención generó fue la eliminación de una escalera original y su reemplazo por una estructura de diseño contemporáneo.
La discusión pasó rápidamente de las redes sociales a las autoridades distritales.
El IDPC informó el 31 de agosto que inició un proceso de revisión, recopilación de pruebas y actuación sancionatoria después de determinar que la intervención no había contado con autorización del Instituto.
¿Por qué no podían modificar libremente la escalera?
Aquí está la clave para entender toda la controversia.
Altos de Santana fue declarado Bien de Interés Cultural en 2010 y cuenta con nivel de intervención 2, correspondiente a conservación tipológica. Esa protección no se limita a la fachada del edificio ni a sus áreas comunes.
El IDPC explica que comprende elementos fundamentales de la arquitectura como circulaciones, espacios, fachadas, volumetrías y escaleras, incluso aquellas ubicadas dentro de los apartamentos.
Diego Javier Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, explicó que las escaleras internas hacen parte del proyecto integral concebido por Salmona.
“Las escaleras internas, no solamente las zonas comunes, sino también al interior de cada uno de los apartamentos, hacen parte del proyecto integral”, señaló el funcionario al explicar el alcance de la protección patrimonial.
En otras palabras, ser propietario del apartamento no elimina las obligaciones derivadas de su condición patrimonial.
El patrimonio sí puede modificarse, pero necesita autorización
La controversia también dejó al descubierto una idea equivocada: que declarar un inmueble como patrimonio significa congelarlo para siempre.
No es así.
En un video divulgado por Patrimonio Cultural de Bogotá, Diego Javier Parra recordó que cualquier intervención sobre un Bien de Interés Cultural debe contar previamente con autorización del Instituto.
“Todas las intervenciones en el patrimonio cultural de la ciudad tienen que contar obligatoriamente con un permiso por parte del Instituto de Patrimonio Cultural, independientemente de la modalidad de la intervención”, explicó.
El funcionario también hizo énfasis en que la condición patrimonial no significa que los inmuebles no puedan evolucionar o adaptarse a las necesidades de quienes los habitan.
“El patrimonio sí se puede modificar, pero siguiendo algunos lineamientos de conservación”, señaló.
Precisamente por eso, el Instituto ofrece acompañamiento y orientación a propietarios, arquitectos y diseñadores antes de ejecutar intervenciones.
La diferencia no está entre “modificar” o “no modificar”.
Está entre hacerlo respetando los valores patrimoniales del inmueble o intervenirlos sin autorización.
¿Qué puede pasar ahora con la escalera?
El IDPC adelanta actualmente el proceso para determinar responsabilidades.
Según la entidad, intervenir un Bien de Interés Cultural sin la autorización patrimonial correspondiente puede generar para el propietario una sanción económica de entre 200 y 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Cuando participan profesionales en la intervención, las multas pueden duplicarse y alcanzar entre 400 y 1.000 salarios mínimos, dependiendo de las responsabilidades que determine el proceso.
Pero la sanción económica no es el único escenario.
El Instituto también contempla la posibilidad de ordenar la restitución de los elementos patrimoniales afectados.
Y en este caso existe una particularidad.
La escalera original está documentada.
El IDPC cuenta con planos, memorias y documentación histórica del proyecto, lo que permitiría establecer cómo era antes de la intervención.
“Al contar con esos elementos documentales, se puede ordenar la restitución tal como era la escalera y de las otras intervenciones que pudieron haberse realizado en el inmueble”, explicó Parra.
La Procuraduría también puso la mirada sobre Altos de Santana
La controversia ya trascendió al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
El 1 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación informó que inició una actuación preventiva para verificar cómo han respondido las autoridades distritales frente al caso.
El organismo busca establecer si los funcionarios encargados ejercieron de forma oportuna y eficaz sus funciones de protección, conservación y salvaguarda del inmueble.
La Procuraduría recordó que la conservación de los Bienes de Interés Cultural es un deber constitucional y legal y que estos inmuebles representan valores históricos, arquitectónicos, urbanísticos y culturales relacionados con la memoria e identidad colectiva.
¿Por qué una escalera puede ser patrimonio?
Puede parecer extraño que una escalera dentro de una vivienda privada tenga protección patrimonial.
Pero en arquitectura, un elemento como este no siempre cumple únicamente una función práctica.
Puede hacer parte de la manera en que el arquitecto organizó el espacio, estableció recorridos, relacionó distintos niveles y construyó la experiencia de habitar el edificio.
En Altos de Santana, las viviendas fueron diseñadas en varios niveles y adaptadas a una pendiente pronunciada de los cerros orientales.
La propia Fundación Rogelio Salmona explica que el proyecto fue organizado mediante desplazamientos regulares que producen grandes terrazas y permiten aprovechar las condiciones particulares del terreno.
Por eso, en este caso la escalera no era solamente un objeto que permitía subir de un piso a otro.
Formaba parte de la lógica arquitectónica del conjunto.
¿Quién fue Rogelio Salmona?
La polémica también volvió a poner el nombre del arquitecto en conversación.
Rogelio Salmona fue uno de los arquitectos más influyentes de Colombia y dejó algunas de las construcciones más reconocibles de Bogotá.
Su obra está profundamente asociada al uso del ladrillo, los recorridos, el espacio público, el agua y la relación entre arquitectura y paisaje.
Entre sus proyectos más conocidos están las Torres del Parque, la Biblioteca Virgilio Barco, el Centro Cultural Gabriel García Márquez, el Archivo General de la Nación y distintas obras residenciales.
Kienyke ya había contado su historia, su paso por el taller de Le Corbusier y varias de las obras con las que transformó Bogotá. Puede leerla aquí: Rogelio Salmona: Google homenajea al arquitecto de los círculos
Una polémica que va más allá de una escalera
El caso de Altos de Santana terminó convirtiéndose en una conversación sobre algo mucho más amplio que una remodelación.
Bogotá cuenta con alrededor de 6.800 Bienes de Interés Cultural declarados individualmente, además de sectores de interés urbanístico y miles de hectáreas bajo algún tipo de protección patrimonial.
Eso significa que miles de personas habitan, trabajan o desarrollan proyectos dentro de inmuebles sujetos a reglas especiales.
La controversia sirve entonces como recordatorio para propietarios, arquitectos y diseñadores: antes de transformar un inmueble patrimonial, es necesario saber exactamente qué está protegido y qué permisos se requieren.
El patrimonio, como explicó el propio IDPC, sí puede modificarse.
El reto está en conseguir que esos espacios puedan seguir siendo habitados y transformados sin borrar aquello que les dio valor histórico, arquitectónico y cultural.
Y quizá ahí esté la pregunta más importante que deja toda esta discusión:
¿Cómo hacemos que una ciudad evolucione sin destruir la memoria que la hizo ser lo que es?
