La Audiencia de Madrid juzgará a partir de la próxima semana a uno de los líderes del colombiano Clan de los Yiyos y a otras nueve personas acusadas de integrar un entramado de blanqueo de dinero procedente de actividades criminales como el narcotráfico y el "sicariato".
La Fiscalía pide entre 17 y 4 años de cárcel para los procesados en el juicio que está previsto que empiece este lunes 30 de enero.
El fiscal solicita 17 años de cárcel para J.L.G., más una multa de dos millones de euros, al considerarle cabecilla de la trama e imputarle los delitos de blanqueo, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.
El Ministerio Público pide 13 años de prisión para A.M.M.L. más otros dos millones de multa por esos mismos delitos, y 12 años y 10.00 euros de multa para D.L.M. por los mismos hechos delictivos.
Además solicita 9 años de cárcel para J.E.S.C.; 6 para J.M.M.J; y cuatro para S.V.C.L., H.F.Z.G., S.P.P.H., D.M.B.y M.J.P.F.
La Fiscalía explica que los hechos ocurrieron entre 2013 y 2020 y recalca que el cabecilla es un "destacado dirigente del colombiano Clan de los Yiyos, organización involucrada desde los años 90 en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico y operaciones violentas".
J.L.G., quien habría cumplido penas de prisión en Estados Unidos por estas causas, "encabezó desde España, aunque con ramificaciones y actividades en aquel país y en otros terceros, un entramado de medios y conjunto de personas dedicados a conseguir la opacidad y apariencia de regularidad y licitud" de numerosos ingresos obtenidos con el tráfico de drogas, la extorsión o el cobro violento de deudas, detalla.
Actividades ilícitas a las que se suma el "encargo de agresiones físicas y asesinatos, englobadas dentro de lo que se denomina en el argot como 'sicariato'", subraya un escrito del Ministerio Publico.
Para ello, añade, "se valió de un conjunto de personas subordinadas (los otros procesados)", con el fin de "recibir el dinero, custodiarlo y realizar pagos y transferencias a terceros, así como para asumir la titularidad formal de ciertos bienes sufragados con dinero de procedencia delictiva".
La agencia antidroga de Estados Unidos, la DEA, advirtió en 2018 de la existencia "brokers" sudamericanos encargados de solicitar en países europeos, entre ellos España, la recogida de dinero para su lavado posterior procedente de la compraventa de droga a gran escala.
Algunas de estas solicitudes iban dirigidas a buscar una persona en Madrid para la recogida y envío a Colombia de 690.000 euros de origen ilícito, relata el fiscal.
Un informe de la Guardia Civil española cuantifica en 2.644.985 euros las cantidades que los acusados "ocultaron e introdujeron en el tráfico y circuito legal mediante la operativa referida de compraventa y actuación como testaferros de vehículos y mediante incrementos no justificados y reintegros e imposiciones con dinero en efectivo o transferencias".
