Hace más de tres meses, la mayoría del concejo municipal de Minneapolis prometió retirarle fondos al Departamento de Policía de la ciudad.

Fue una declaración poderosa que se sintió en todo el país. Sacudió al Capitolio y las campañas presidenciales, sorprendió a los residentes, deleitó a los activistas y cambió el rumbo de los esfuerzos para reformar la policía durante un periodo crucial de conmoción y oportunidad política.

Ahora, algunos miembros del concejo están reconsiderando esa promesa.

El concejal Andrew Johnson, uno de los nueve miembros que apoyó la promesa en junio, dijo en una entrevista que aquellas palabras las había sentido “de espíritu”, no literales. Otro concejal, Phillipe Cunningham, afirmó que el lenguaje utilizado en la promesa estaba “abierto a la interpretación” y que incluso entre los mismos miembros del concejo “era evidente que la mayoría de nosotros habíamos interpretado esas palabras de manera diferente” poco después del compromiso asumido.

Lisa Bender, presidenta del concejo, hizo una pausa de 16 segundos antes de responder la pregunta de que si la declaración del concejo había generado incertidumbre en un momento decisivo para la ciudad.

“Creo que nuestra promesa generó confusión en la comunidad y en nuestro pueblo”, dijo.

Este arrepentimiento formaliza una retirada que se ha venido realizando en silencio en Minneapolis en los meses posteriores al asesinato de George Floyd a manos de la policía y el clamor nacional resultante por el trato a los estadounidenses negros por parte de las fuerzas de seguridad y el país en general. Tras un verano que desafió el compromiso de la sociedad con la igualdad racial y planteó la posibilidad de un cambio político radical, se está asentando ahora una fría realidad otoñal.

Las encuestas nacionales muestran una disminución del apoyo a Black Lives Matter tras un gran cambio de buena voluntad en junio. En Minneapolis, los esfuerzos políticos de mayor alcance destinados a atender la violencia policial han prácticamente fracasado.

En varias entrevistas este mes, cerca de dos docenas de funcionarios electos, manifestantes y líderes comunitarios describieron cómo la promesa de los miembros del concejo municipal de “acabar con la policía tal como la conocemos” —un mantra acorde al dolor de la ciudad— se convirtió en un caso de estudio sobre la rapidez en la que pueden cambiar las tendencias políticas y lo que sucede cuando los esfuerzos idealistas de cambio estructural se encuentran con el proceso legislativo y la oposición pública.

La promesa en la actualidad no está más cerca de convertirse en ley y tiene menos defensores visibles que nunca. Ha sido rechazada por el alcalde de la ciudad, la mayoría de residentes consultados en recientes encuestas de opinión pública y en un número cada vez mayor de grupos comunitarios. En su lugar, ahora aparecen los tipos de reformas graduales que los políticos progresistas de la ciudad habían venido denunciando.

Mientras tanto, “retirarle el financiamiento a la policía” se ha convertido en un tópico de los discursos de republicanos a nivel estatal y nacional que buscan pintar a los liberales como antipoliciales. Ha sido una piedra en el zapato para Joe Biden, el candidato presidencial demócrata, a pesar de que rechaza la idea. Además, ha encendido una lucha de poder en Minneapolis que, en algunos casos, ha enfrentado a moderados contra progresistas, jóvenes contra viejos y personas blancas contra negras.

Linea Palmisano, una representante relativamente moderada del concejo municipal, y una de las tres que no se sumó a la promesa, fustigó a sus colegas: “Se han acostumbrado a hacer este tipo de pruebas de pureza progresista”, dijo.

En una muestra de la intensidad del debate, varias personas de ambos bandos que hablaron con The New York Times describieron a sus adversarios como personas que tenían “sangre en las manos”.

“Qué tipo de violencia vamos a experimentar durante el próximo año?”, preguntó Miski Noor, organizadora de Black Visions Collective, un importante grupo activista de la ciudad que busca retirarle fondos y abolir el departamento de policía. “Cuando estas decisiones se toman a nivel político, tienen consecuencias humanas”.

Aunque algunos activistas dijeron que la promesa debía tomarse de forma literal —un compromiso a trabajar hacia la abolición total de la policía— los funcionarios electos dijeron que existía un desacuerdo generalizado sobre su significado. Algunos creían que “retirarle los fondos a la policía” significaba reorientar parte del dinero del presupuesto policial a programas sociales. Otros pensaron que era un respaldo impreciso a un futuro sin policías.

“Creo que el anuncio inicial creó cierto nivel de confusión entre los residentes en un momento en el que la ciudad realmente necesitaba esa estabilidad”, afirmó el alcalde Jacob Frey, quien se negó a apoyar la promesa. “También creo que la declaración en sí significó muchas cosas diferentes para muchas personas diferentes, entre ellos una buena cantidad de activistas que anticipaban la abolición”.

En tiempos de dolor, una respuesta inconexa

La relación inestable entre el gobierno local y los activistas progresistas negros en Minneapolis comenzó mucho antes de la muerte de Floyd. En 2015, después de que un policía le disparó y mató a un hombre negro de 24 años llamado Jamar Clark, las exigencias de los activistas del naciente movimiento Black Lives Matter se centraron en mayor parte en presentar cargos penales contra los policías involucrados. Tres años después, cuando la policía de Minneapolis le disparó y asesinó a Thurman Blevins, otro hombre negro, de 31 años, muchos de los mismos activistas le pidieron al concejo municipal que le quitara el cinco por ciento al presupuesto policial y destinara ese dinero a programas sociales.

El concejo propuso una reducción más pequeña de 1,1 millones de dólares.

“Estamos hartos de reformas débiles como cámaras corporales, ajustes a la supervisión civil y nuevas señales en los autos de la policía”, dijo en aquel momento Hani Ali, organizadora de Black Visions.

La intensificación de las exigencias refleja los cambios más grandes en la política demócrata y la izquierda progresista, los cuales se han acelerado durante la era Trump. Black Visions se formó en 2017, luego de la elección presidencial, por activistas más jóvenes que estaban hartos del incrementalismo.

Ese año, la insurgencia política sacudió a la política de Minneapolis: Frey derrotó a la alcaldesa en funciones en las elecciones municipales y dos políticos negros abiertamente progresistas, aliados de la izquierda activista, Cunningham y Jeremiah Ellison (hijo del político de Minnesota Keith Ellison), capturaron escaños en el norte de Minneapolis, cambiando así el núcleo ideológico del concejo.

Pero lo que parecía una creciente marea progresista se distorsionó en un panorama más complicado, alegó Dave Bicking, miembro de la directiva de Comunidades Unidas Contra la Brutalidad Policial, un grupo de base en Minneapolis fundado en 2000.

Bicking afirmó que grupos como Black Visions Collective y su organización asociada, Reclaim the Block, tenían la atención del nuevo concejo municipal, pero que los que estaban en el poder al parecer trataron a los activistas como suplentes de todos los residentes negros, progresistas o más jóvenes, e ignoraron la diversidad de esos electorados.

“No puedes agrupar a todo el mundo en un solo montón”, dijo Bicking, quien tiene 69 años y es blanco, pero representa a un grupo comunitario amplio. “El concejo municipal decía: ‘Oh, sí, salimos y hablamos con muchas personas. Escuchamos a muchas personas’. Y eran personas de solo esos dos grupos. No escuchaban a nadie más”.

El equilibrio cuidadosamente construido sería puesto a prueba tras el asesinato de Floyd. Mientras el mundo observaba a Minneapolis, con miles de manifestantes que marchaban a diario y disturbios ocasionales durante la noche, Black Visions y Reclaim the Block volvieron a acudir a los representantes del concejo municipal con su demanda más fuerte hasta el momento: una promesa que reconociera que la policía no podía ser reformada, la cual comprometiera a la ciudad a trabajar para desmantelar por completo el departamento y repensara la seguridad pública a través de conversaciones constantes con la comunidad.

La promesa fue escrita, negociada y distribuida con la ayuda de representantes como el joven Ellison, Cunningham y Alondra Cano. Cano y otros representantes del concejo municipal no respondieron ni dieron seguimiento a las peticiones para ser entrevistados.

Al final, el 7 de junio, nueve representantes se unieron a los activistas en Powderhorn Park durante un evento que no fue para nada ambiguo ni realizado “en espíritu”. El escenario tenía la inscripción “Retiren el financiamiento a la policía” y, después de que se leyó la promesa, la multitud vitoreó a los políticos con cánticos de “¡No más fondos al M - P - D [Departamento de Policía de Minneapolis]!”.

Pero lo que lució como un frente político unido pronto dejaría en evidencia su fractura. A nivel legal, los representantes no tenían el poder unilateral para acabar con el departamento de policía, como creían algunos residentes. A nivel político, algunos de los funcionarios electos se sorprendieron por la atención nacional que atrajo su mensaje.

“Quedé sorprendido y abrumado”, dijo Cunningham. “Aprendí la gran lección de que debo ser consciente del lenguaje y las palabras que utilizamos y cómo pueden ser interpretadas”.

En cuestión de días, el presidente Donald Trump y los republicanos habían conseguido un nuevo tema de conversación favorito para tratar de ganarse a los votantes suburbanos: los demócratas querían abolir la policía. No importó que prominentes figuras del partido como Biden se hubieran unido al alcalde en el rechazo de esas propuestas, para dejar en claro que las acciones de los representantes del concejo municipal no tenían tracción en la élite demócrata.

En realidad, sus acciones apenas tenían apoyo dentro su propio organismo cívico.

Cuando se le preguntó en qué momento fue evidente para ella que los nueve representantes de la ciudad que hicieron la promesa no apoyaban de forma uniforme sus palabras, Bender aseguró: “Lo tuve claro en el mismo momento” del mitin.

Johnson, quien estuvo sobre el escenario en Powderhorn, dijo que algunos representantes en el parque ya estaban esbozando ideas para limpiar el desastre político que habían creado.

Un colega le dijo: “Técnicamente, si le cambiamos el nombre al departamento, estaríamos acabando con el Departamento de Policía de Minneapolis”, recordó Johnson.

El camino turbio que viene

El concejo municipal presionó para cumplir con la promesa que habían hecho. Apenas unas semanas después del mitin en Powderhorn Park, aprobó una disposición que le pediría a los votantes eliminar el departamento de policía de los estatutos de la ciudad y asignar las tareas de seguridad pública a un nuevo departamento sin estructura y objetivos definidos.

Se propuso públicamente un miércoles y se aprobó de manera unánime el viernes. Los representantes votaron para acelerar el proceso. No hubo audiencias públicas.

La decisión impulsó a la Comisión de la Carta de Minneapolis, un grupo relativamente desconocido de voluntarios de la ciudad, al centro de atención. La comisión, cuyos miembros son nombrados por el juez principal de distrito y no son elegidos por los votantes, analiza las cuestiones legales y técnicas de las enmiendas a los estatutos antes de enviarlas a los residentes para su aprobación.

Los comisionados tuvieron algunas inquietudes sobre la propuesta de los representantes. Afirmaron que no cumplía con varios lineamientos, entre ellos las disposiciones legales y el aporte necesario de la comunidad. Sin embargo, la óptica no fue de gran ayuda: una junta mayoritariamente blanca y no elegida electoralmente contra una lista diversa de representantes respaldados por activistas progresistas vocales.

Andrea Rubenstein, una integrante de la comisión de estatutos y exabogada de derechos civiles, afirmó que había sido inundada de correos electrónicos que, básicamente, decían: “Aprueba la enmienda a los estatutos o atente a las consecuencias”. Barry Clegg, presidente de la comisión, dijo que una mañana se despertó y encontró grafitis cargados de groserías afuera de su residencia. También lanzaron huevos a su casa.

“No condeno los motivos del concejo municipal, creo que estaban tratando de hacer lo correcto”, dijo Clegg. “Pero debieron haber intentado hacerlo de otra manera”.

Mientras la comisión sopesaba sus acciones, aumentó la evidencia de que la población quería una reforma policial, pero no apoyaba las acciones de los representantes del concejo municipal ni compartía los objetivos de los activistas influyentes.

Una encuesta de The Minneapolis Star-Tribune reveló que la mayoría de los residentes, entre ellos el 50 por ciento de la población negra, se opuso a la reducción del tamaño del departamento de policía. Los representantes dijeron que repetidas veces escucharon críticas de parte de dueños de negocios y residentes de las zonas más opulentas, los cuales temían por su seguridad, a medida que se propagó la falsa información de que el fin del departamento de la policía era inminente.

Sin embargo, los representantes del concejo municipal y sus partidarios activistas encontraron un enemigo en común en la comisión de estatutos.

“Una junta mayoritariamente blanca y no electa de personas no puede decidir que saben más que la comunidad”, dijo Miski Noor, organizadora de Black Visions.

Bender, la presidenta del concejo, afirmó: “Entiendo que no le dimos a la comisión de estatutos mucho tiempo para sopesar un cambio tan importante en nuestro sistema de gobierno. También sé que estamos proponiendo hacerles una pregunta a todos los votantes de Minneapolis. Creo que la comisión de estatutos se está excediendo en sus funciones al indagar tanto en la cuestión de fondo”.

El mes pasado, en una votación de 10 a 5, la comisión de estatutos decidió no aprobar la enmienda de los representantes del concejo municipal y solicitó un estudio más a fondo. Eso eliminó cualquier posibilidad de que apareciera en la boleta electoral de noviembre.

En 2021, cuando el alcalde y los miembros del concejo municipal deban postularse para la reelección, existe la posibilidad de que la enmienda para eliminar el departamento de policía de los estatutos de la ciudad pueda presentarse a los votantes. Por ahora, es solo un ejercicio de asignación de culpas, ya que la relación de Minneapolis con su departamento de policía luce en gran medida idéntica a cómo era antes de la muerte de Floyd.

Algunos de los que habían apoyado la promesa dijeron que el liberalismo blanco que ha definido por mucho tiempo la política de Minneapolis —y al Partido Demócrata en general— por lo general se trataba más de adopciones estéticas de justicia racial que de enfrentar y luchar para hacerla realidad.

“Me avergüenza el hecho de que no pudimos realizar el tipo de cambio que creo la gente merece”, dijo Ellison. 

Por: Astead W. Herndon