En diciembre de 2020, Human Rights Watch pidió a las autoridades griegas investigar la denuncia sobre una posible contaminación con plomo en el campo de refugiados de Mavrovouni, también conocido como Kara Tepe.
El campo, ubicado en la isla de Lesbos, acoge a 7.500 migrantes provenientes especialmente de Siria y Afganistán, y fue un campo de tiro militar desde 1926 hasta convertirse en residencia de estos refugiados en septiembre de 2020. Sin embargo, como denunció la organización, Grecia no realizó un estudio en el suelo para comprobar que no esté contaminado con el plomo de millones de casquillos de balas que fueron disparadas allí durante casi un siglo, ni tampoco retiraron "los proyectiles de mortero sin detonar y las municiones de armas pequeñas activas, que podrían causar lesiones o la muerte si se manipulan", según la ONG.
Debido a esto, decenas de expertos ambientalistas y de derechos humanos han pedido al Gobierno griego que considere la reubicación del campamento, también por el hecho de encontrarse a orillas del mar.
“La exposición prolongada al plomo es a menudo una forma lenta de injusticia ambiental… El Gobierno griego ha facilitado el racismo ambiental al descuidar su responsabilidad de garantizar la seguridad del sitio antes de colocar a una población vulnerable allí”, aseguró Carly A. Krakow, candidata a doctorado en Derecho Internacional en la London School of Economics, en una columna para Open Democracy.
Krakow también reseñó el trabajo de Katharina Rall, investigadora senior sobre medio ambiente de Human Rights Watch, quien ha trabajado en el envenenamiento por plomo en Kosovo. Allí, aproximadamente 600 personas de las minorías romaníes, ashkalíes y egipcias de los Balcanes vivieron en campamentos operados por la ONU, contaminados con plomo durante más de una década después del final de la guerra en ese país.
El racismo medioambiental no es algo nuevo pero los abruptos cambios en las condiciones climáticas y la discriminación debido a la COVID-19 han acelerado este sentimiento.
Otra evidencia de la injusticia medioambiental contra los refugiados se puede ver en la medida tomada por el Gobierno de Bangladés de enviar a miles de rohinyás a la isla de Bhasan Char, que con 40 km cuadrados no cuenta con la adecuación necesaria para ubicar a los miembros de esta etnia que huyeron de la persecución en Myanmar.
Para Ro Nay San Lwin, cofundador de Free Rohingya Coalition con sede en Reino Unido, la isla está muy desprotegida y expuesta a las calamidades del mar, así como a las inundaciones y los vendavales.
“El año pasado, Naciones Unidas pidió permiso al Gobierno bangladesí para ir a la isla y evaluarla. En un principio el Gobierno accedió, pero luego aplazaron el plan. Naciones Unidas todavía espera el permiso para ir”, dijo Lwin a la Agencia Anadolu en diciembre pasado.
Pese a la preocupación de los grupos de derechos humanos, Bangladés continúa transportando a los refugiados hasta la isla -incluso en medio de denuncias de reubicaciones en contra de la voluntad de los rohinyá- y planea que 100.000 personas de la etnia vivan en ese territorio hasta que puedan ser repatriadas a Myanmar.
El drama de unos 5.000 migrantes irregulares ubicados en un campamento en Bihac, cerca de la frontera con Croacia, no es muy diferente. Allí las autoridades bosnias trasladaron a los migrantes a un antiguo vertedero de desechos y este campamento se ha convertido en ‘el más peligroso de Europa’.
De acuerdo con informes de medios, Bihac no recibe ayudas del Gobierno bosnio para los refugiados, mientras las disputas políticas que aún se respiran como remanente de la guerra de Bosnia impiden una mejor atención de la crisis migratoria. Además, hay denuncias de que las ayudas de la ONU y la OIM tardan meses en llegar.
Trasladar a refugiados a zonas con alto impacto ambiental y propensas a desastres naturales se ha convertido en una política de Estado en muchos países, no solo por la incapacidad económica de sostener a estos grupos, sino también porque en medio de la burocracia se ahogan los intentos de dar condiciones dignas a los migrantes.
Impacto ambiental de los refugiados
En otros lugares del mundo, los asentamientos de migrantes están ubicados en áreas ambientalmente sensibles. En África, por ejemplo, los refugiados se han asentado en áreas semiáridas, agrícolas marginales o cerca de parques nacionales o reservas forestales. En Siria, miles de desplazados internos en Idlib están ubicados en tierras inundables de cultivos, por lo que cada invierno hay una tragedia humanitaria debido a las fuertes lluvias.
Disponer de tanta gente en un espacio supone un reto logístico enorme, pero muchas veces no se cuenta con la infraestructura necesaria para hacerlo. Por eso, los recursos naturales circundantes son los que sufren más los impactos negativos: bosques talados convertidos en madera para estufas o fuentes hídricas sobreexplotadas o contaminadas con aguas residuales.
“Las poblaciones de acogida también experimentan un deterioro similar en la calidad de su medio ambiente, de modo que los materiales y suministros normalmente disponibles para la construcción, el consumo y el combustible son escasos y los precios del combustible y los alimentos en los mercados locales aumentan”, ha señalado Humanitarian Practice Network sobre las respuestas necesarias que deben tener los países frente al manejo de los campos de refugiados.
Un estudio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [Acnur] también encontró que las personas que ya se han desplazado residen a menudo en puntos críticos del cambio climático y pueden estar expuestos a un segundo desplazamiento.
