La Universidad de Harvard vuelve a estar en la mira del expresidente Donald Trump. Su administración ha comenzado un proceso para cancelar todos los contratos federales que mantiene con la institución, considerada la más antigua y acaudalada del país. La decisión marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre la Casa Blanca y el mundo académico, al que Trump ha acusado reiteradamente de promover ideologías contrarias a los valores estadounidenses.
El comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, Josh Gruenbaum, emitió una directiva a las agencias federales instruyéndolas a revisar cada contrato que mantengan con Harvard y rescindir aquellos considerados no esenciales. La medida, revelada por Bloomberg News, involucra compromisos contractuales estimados en 100 millones de dólares.
Según el documento, las agencias deben informar antes del 6 de junio sobre las acciones o decisiones que tomarán en torno a estos contratos. La carta también enfatiza que todos los servicios contratados por el gobierno deben alinearse con las prioridades estratégicas de cada agencia, en cumplimiento con la orientación de la administración Trump.
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Esta ofensiva no es nueva. Bajo la administración anterior, ya se habían tomado medidas para congelar fondos federales y limitar el ingreso de estudiantes internacionales a Harvard. Trump ha justificado sus acciones señalando la supuesta inacción de las universidades frente al antisemitismo, además de denunciar prácticas que, según él, discriminan a ciertos grupos en los procesos de admisión y contratación docente.
Harvard, por su parte, no ha emitido una respuesta oficial ante esta nueva embestida. Mientras tanto, funcionarios del gobierno han extendido su presión a otras universidades de prestigio como Columbia, Cornell y Northwestern, solicitando amplias reformas en sus políticas internas. Esta presión ha generado alarma en sectores académicos, que advierten sobre posibles amenazas a la libertad académica y de expresión.
En la carta enviada por la Administración de Servicios Generales (GSA), se acusa a Harvard de mantener prácticas de discriminación racial y de no garantizar la seguridad de los estudiantes judíos, señalando una “preocupante falta de atención” ante incidentes antisemitas en el campus. A ello se suma el intento, ya expresado previamente por Trump, de revocar la exención fiscal de la universidad, cuyo fondo de dotación supera los 53.000 millones de dólares.
