Durante años, Joan Vila fue una figura invisible en la residencia La Caritat, en Olot, una pequeña ciudad de la provincia de Gerona donde su trabajo como celador consistía en acompañar a ancianos en el tramo final de sus vidas, cumplir turnos silenciosos y moverse sin dejar rastro en un entorno donde la muerte, cuando llega, rara vez despierta sospechas.
Ese contexto fue precisamente el que le permitió actuar durante más de un año sin ser detectado, en un escenario donde la fragilidad de los pacientes y la rutina del cuidado hacían que cada fallecimiento pareciera parte del curso natural de las cosas, hasta que la repetición empezó a romper esa lógica y a encender las primeras alarmas.
Entre agosto de 2009 y octubre de 2010, once ancianos murieron bajo su cuidado, y lo que en un inicio fueron casos aislados terminó revelando un patrón imposible de ignorar, porque no se trataba de muertes inevitables sino de decisiones deliberadas tomadas por quien tenía acceso directo a las víctimas y conocía perfectamente sus condiciones.
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Las investigaciones confirmaron que Joan Vila, conocido como el celador de Olot, había administrado sustancias químicas para acabar con la vida de los pacientes, utilizando un método silencioso, sin violencia visible y difícil de detectar, lo que convirtió el caso en uno de los más perturbadores de la historia criminal reciente en España, no solo por el número de víctimas sino por la frialdad con la que se ejecutaron los crímenes.
El juicio que definió al asesino de ancianos
Cuando el caso llegó a juicio en 2013, la magnitud de los hechos ya no dejaba margen para interpretaciones alternativas y la justicia lo condenó a 127 años de prisión por once delitos de asesinato, dejando claro que no existía justificación posible para una conducta que se repitió de forma sistemática a lo largo del tiempo.
Durante el proceso, Vila intentó explicar sus actos asegurando que buscaba evitar el sufrimiento de los ancianos, una versión que fue rechazada por el tribunal al considerar que los hechos demostraban intención y control, no compasión, en un caso que desde entonces quedó marcado como el del asesino de ancianos que operó desde dentro de un sistema de cuidado.
En medio de ese juicio, sin embargo, surgió una declaración que en ese momento pasó casi inadvertida, eclipsada por la gravedad de los crímenes, pero que años después volvería a colocar su nombre en el centro del debate público: Joan Vila afirmó que era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre.
De Joan Vila a Aura: la transición en prisión
Más de una década después de su ingreso en prisión, esa afirmación se convirtió en un proceso concreto dentro del sistema penitenciario español, donde Joan Vila inició su transición de género, se registró como Aura y comenzó un tratamiento hormonal acompañado por evaluaciones médicas, psicológicas y sociales, tal como lo establece la normativa vigente.
El proceso incluyó su paso por módulos específicos y unidades de seguimiento antes de que se autorizara su traslado al módulo femenino de la cárcel de Puig de les Basses, donde actualmente vive junto a otras reclusas, en un entorno que responde a su identidad de género y bajo el acompañamiento de profesionales especializados.
Según fuentes cercanas, su adaptación no ha generado conflictos dentro del centro penitenciario y continúa su proceso con normalidad, mientras permanece en lista de espera dentro del sistema de salud pública para una posible cirugía que complete su transición.
A pesar de estos cambios, hay un elemento que no se ha modificado y que sigue siendo el eje de la historia: la condena. Aura continúa cumpliendo los 127 años de prisión impuestos por los once asesinatos y no ha obtenido beneficios penitenciarios, a pesar de haber solicitado permisos de salida y el acceso al tercer grado, solicitudes que han sido rechazadas.
El caso de Joan Vila, hoy Aura, vuelve así a instalarse en la conversación pública no solo por lo que ocurrió en la residencia de Olot, sino por lo que representa ahora, en un punto donde se cruzan la justicia penal, los derechos de las personas privadas de la libertad y el reconocimiento de la identidad de género dentro de prisión.
Porque más allá del cambio de nombre, de la transición y de las decisiones institucionales que acompañan ese proceso, hay una realidad que no desaparece: once personas murieron bajo su cuidado, y ese hecho sigue siendo el centro de una historia que, incluso con el paso del tiempo, continúa generando preguntas difíciles de responder.
