El Congreso de Guatemala confirmó la suspensión del proceso para la ratificación del presupuesto del 2021, cuya reciente aprobación por la mayoría oficialista desató protestas ciudadanas reprimidas por las autoridades, y condujo a la invocación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"La Junta Directiva del Congreso y Jefes de Bloques Legislativos, acordaron la suspensión del Decreto 33-2020, relativo al presupuesto general de la nación y el del presupuesto del Organismo Legislativo, para el Ejercicio Fiscal 2021", informó el Parlamento en su cuenta de la red social Twitter.
El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, negó en un video difundido en redes sociales que el mencionado presupuesto fuera el detonante de las manifestaciones iniciadas el 21 de noviembre, y denunció un supuesto complot para romper el orden constitucional.
"La manifestación del sábado 21 de noviembre se había convocado desde los últimos días de octubre, y el presupuesto fue usado como el argumento principal para dar sustento y soporte a dicha manifestación, planificada con el objetivo claro de romper el orden constitucional", afirmó Rodríguez.
El parlamentario del oficialista partido Vamos condenó los presuntos "actos terroristas", en alusión al incendio provocado por encapuchados sin identificar en la sede del Legislativo, y afirmó que los hechos siguieron un guión ejecutado en otros países.
Rodríguez negó que el presupuesto fuera aprobado a puerta cerrada y como "urgencia nacional", así como la reducción en 200 millones de quetzales (unos 26 millones de dólares) a un programa nacional contra la desnutrición, y el recorte de fondos para la defensa de los derechos humanos.
El presidente Alejandro Giammattei instruyó el pasado domingo 22 de noviembre a su ministro de Finanzas, Álvaro González, para convocar a "tanques de pensamiento y varios sectores de la sociedad civil para lograr consensos respecto al presupuesto 2021, según las necesidades del país."
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El presupuesto de 99.700 millones de quetzales (unos 12.800 millones de dólares) aprobado el 19 de noviembre generó descontento popular, y las manifestaciones pacíficas derivaron en incidentes violentos y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
En un comunicado oficial, el Gobierno de Guatemala se escudó en "los gravísimos sucesos ocurridos en los últimos días" para invocar la Carta Democrática aprobada en 2001 por la OEA para restablecer el orden democrático en situaciones que lo ameriten.
