Maricarmen se convirtió en un símbolo de la crisis de vivienda en España después de ser desalojada, a sus 87 años, del apartamento donde vivió durante unas siete décadas, en el barrio de Ibiza, del distrito madrileño de Retiro. Las imágenes de su salida en camilla provocaron indignación y dieron proyección internacional a su historia.
Su caso reavivó el debate sobre el encarecimiento de los alquileres y la protección de las personas mayores en situación de vulnerabilidad. También impulsó movilizaciones para exigir garantías de acceso a la vivienda.
Quién es Maricarmen y por qué su desahucio generó indignación
María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, llegó al apartamento de la calle Alcalde Sáinz de Baranda en 1956, cuando tenía 17 años, junto con sus padres y su hermano.
Tras la muerte de su padre, en 1960, ayudó a sostener el hogar mientras su hermano estudiaba. Él falleció en 2003 y su madre, en 2005. Desde entonces, vivió sola, rodeada de fotografías, muebles y recuerdos familiares. El contrato de alquiler, firmado originalmente por su padre, había pasado primero a su madre y después a ella.
Según su abogada, Beatriz Duro, Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales entre alquiler, gastos y comunidad. La empresa propietaria, Urbagestión, llegó a exigirle un nuevo alquiler de 1.650 euros al mes, superior a su pensión.
Sin embargo, el proceso judicial no se originó por un impago. La disputa giró en torno a cuánto tiempo podía mantenerse el contrato de renta antigua después de que Maricarmen asumiera la posición de su madre como arrendataria. La Justicia terminó declarando extinguido el contrato por vencimiento de su plazo.
A su situación se sumaban los problemas de movilidad tras operaciones de cadera y una discapacidad reconocida del 50 %, circunstancias que aumentaron la preocupación por las consecuencias del desalojo.
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Cómo ocurrió el desalojo de Maricarmen en Madrid
El desahucio se ejecutó el 23 de septiembre de 2026, después de tres intentos suspendidos. Vecinos y activistas se habían reunido desde la noche anterior frente al edificio para apoyarla e intentar impedirlo.
Durante la mañana, agentes antidisturbios retiraron a manifestantes y acordonaron el inmueble antes de la llegada de la comisión judicial. Posteriormente, forzaron los accesos hasta alcanzar la vivienda, donde familiares y activistas acompañaban a Maricarmen. El Sindicato de Inquilinas denunció que los policías utilizaron gas contra quienes intentaban frenar el desalojo.
Maricarmen fue evacuada en camilla desde su apartamento, situado en una sexta planta de un edificio cuyo ascensor estaba averiado. Una ambulancia del Samur la trasladó al hospital Gregorio Marañón.
El Ayuntamiento de Madrid informó que le había ofrecido una plaza de emergencia en una residencia. Según la administración municipal, ella rechazó esa opción y manifestó que prefería alojarse con familiares.
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Las protestas por Maricarmen y la crisis de vivienda en España
La movilización se extendió más allá del edificio donde vivía. El 26 de septiembre, una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas desembocó en una acampada en la Puerta del Sol de Madrid.
Los participantes reclamaron medidas contra los desahucios, mayor estabilidad en los contratos y garantías para acceder a alquileres asequibles. El caso de Maricarmen reunió a personas de distintas generaciones afectadas por las dificultades para conseguir o conservar una vivienda.
A raíz de las movilizaciones, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también se pronunció sobre el caso. El 27 de septiembre, durante un acto del PSOE en Madrid, dirigió un mensaje a Maricarmen y aseguró que su Ejecutivo trabajaba “contrarreloj” para presentar un decreto sobre vivienda el martes siguiente. Su declaración llegó después de que ella le reclamara medidas para evitar que otras personas atravesaran una situación similar.
En medio de las movilizaciones, el Consejo de Ministros aprobó el 29 de septiembre dos reales decretos leyes sobre vivienda, pendientes de convalidación en el Congreso. Entre las medidas figuran ampliar hasta 2030 la protección frente a los desahucios de personas vulnerables y prorrogar determinados contratos de alquiler. El Sindicato de Inquilinas cuestionó la decisión de dividir las propuestas en dos textos.
Qué acordaron para que Maricarmen regrese a su vivienda
Tras las protestas, el 28 de septiembre, los representantes de Maricarmen y Urbagestión alcanzaron un acuerdo que le permitirá regresar a su vivienda con un contrato de alquiler por ocho años y una renta que no superará el 30 % de sus ingresos netos. La negociación contó con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).
Al día siguiente, su abogada, Beatriz Duro, confirmó que Maricarmen había aceptado las condiciones del pacto. Para concretar su regreso al apartamento, donde continuará como arrendataria, todavía deberá recibir el alta hospitalaria y formalizar el contrato.
Tras conocerse el acuerdo, el Sindicato de Inquilinas anunció que mantendría la acampada en la Puerta del Sol. La organización señaló que las reivindicaciones van más allá de este caso y buscan medidas que protejan a otras personas en riesgo de perder su vivienda.
