La Fiscalía General de la Nación destapó lo que sería un presunto carrusel de proveedores que habrían servido de fachada a la Comercializadora CIJ Gutiérrez, para sacar del país toneladas de oro obtenidas a través de la minería ilegal, y así lavar 2,4 billones de pesos en estas operaciones.
El ente investigador sostuvo que este hallazgo se dio gracias a la operación "Leyenda del Dorado II", que permitió evidenciar las transacciones realizadas en los últimos 10 años por esta comercializadora, descubriendo varias operaciones ficticias que comprometen activos.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección Especializada de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, alrededor de CIJ Gutiérrez se habría configurado un carrusel de supuestos proveedores y subproveedores del metal. Pero luego investigaciones adelantadas por la entidad permitieron determinar que se trataban de empresas fachadas que no cumplían con la razón social registrada, manejaban capitales bajos, no tenían capacidad económica, estaban endeudadas, y figuraban en liquidación o disolución; sin embargo, aparecían en el papel como titulares de operaciones comerciales por miles de millones de pesos.
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Según señaló el ente investigador, esta comercializadora ya había sido sancionada por la DIAN, porque no fue posible contrastar la información registrada de sus proveedores. Algunos no funcionaban en los domicilios reportados, de tal manera que no fue posible establecer la verdad sobre las transacciones declaradas.
Por este hecho, 11 personas fueron capturadas entre los que se encuentran Andrés Vieira Gutiérrez, representante legal de CIJ Gutiérrez; Juan Roberto Muñoz Zapata, revisor fiscal y Guillermo Antonio Rojas Montoya, contador.
Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de las autoridades y tendrán que responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
Además, de manera simultánea a los procedimientos de captura, un fiscal tomó posesión de la empresa con fines de extinción de dominio.
