El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, envió una carta dirigida a la fiscal de la Corte Penal Internacional(CPI) en la que resalta que entre enero de 2016 y el 27 de marzo de 2019, las autoridades colombianas lograron identificar, según sus cuentas, a la mayoría de los perpetradores materiales de asesinatos a líderes sociales.
La Fiscalía colombiana registra que entre el 1 de enero de 2016 y el 27 de marzo de 2019 fueron asesinados 265 defensores de derechos humanos. Con motivo de la recurrencia con que se presentan crímenes contra estas personas, entró en aplicación la Estrategia para la investigación y judicialización de delitos contra defensores de derechos humanos, que ha dado importantes resultados, según señala la misiva.
Manteniendo la cifra inicial de asesinados que maneja la entidad, que es diferente a la de otras organizaciones, la Fiscalía afirma que “ha logrado identificar al día de hoy a los autores de 151 casos, es decir el 57% del total”, asegura el funcionario.
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La cifra de sentencias condenatorias llega a 29, aunque 53 casos más están en proceso judicial, se han imputado cargos en 35 más y en otros 31 se han emitido órdenes de captura que no se han materializado. En total han identificado a más de 380 indiciados, 243 de estos se encuentran detenidos.
Más allá de las capturas a autores directos de asesinatos, el ente investigador le contó a la CPI que en el 22% de los casos, han esclarecido la autoría intelectual de los homicidios.
Respecto a la diferencia con los datos presentados por otras entidades como Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales, que señalan que se han presentado 498 asesinatos de defensores de Derechos Humanos en ese mismo periodo de tiempo, Martínez señaló que también los estaban investigando y que “la entidad ha avanzado en el esclarecimiento de 214 casos que equivalen al 43% de los mismos”.
Cabe recordar que por estos días, el senador Gustavo Petro se encuentra en la Haya, sede de la CPI, para radicar ante el organismo internacional una petición de investigación al Estado colombiano por este mismo tipo de crímenes.
