El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que todos los manifestantes que causaron daños a bienes públicos y al comercio serán judicializados. El funcionario se desplazó a la zona afectada para hablar con los alcaldes y la policía, además de tener un balance del paro cívico y ola de violencia.
"Van 36 capturados pero aún falta investigación para establecer quiénes son los responsables de dar las instrucciones de destruir propiedad pública, atacar funcionarios, confrontar a la fuerza pública en una protesta que se suponía que era pacífica. No se nos escapará uno solo de los responsables", enfatizó el funcionario.
Por su parte, Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, informó que entre los capturados, hay varios menores de edad que ya están en manos del ICBF.
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Del balance de los nueve policías heridos ya todos los uniformados tienen un mejor estado de salud. De acuerdo a los más de tres días de manifestaciones y quema de uno de los peajes, los alcaldes de la municipios y la Agencia Nacional de Infraestructura anunciaron que se suspende el cobro de peajes por un mes.
Al siguiente día de haber difundido esta información la movilidad en la zona es fluida, la terminal de transporte y el aeropuerto operan de manera regular. Los bananeros abrieron sus fincas y el comercio comenzó a abrir sus puertas.
Sin embargo, dentro de los días de calma en la región, en el Gobierno existe preocupación por las informaciones que indican la presencia de pandillas juveniles en la región del Urabá, las cuales podrían estar al servicio del crimen organizado. Villegas agregó que las acciones criminales de estos días pueden ser fruto de los Grupos Delincuenciales Organizados GDO o el Clan del Golfo.
Dentro de los protocolos de seguridad y negociación con las organizaciones de las comunidades en contra de la ubicación de los tres peajes, y la ANI junto con los alcaldes se entablará mesas para dar una pronta solución.
