Seis capturados, por presuntas irregularidades en la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) de Cartagena, deberán pagar cerca de siete mil millones de pesos al Consejo Superior de la Judicatura por hechos que se habrían presentado entre 2016 y 2017.
Pagando la suma de dinero los capturados obtendrían la medida de aseguramiento domiciliaria que les otorgó el juez y el dinero del detrimento patrimonial sería recuperado.
Entre las personas que deben hacer este pago están el llamado Zar de la alimentación de la Costa, David Reynaldo Camacho Benítez, quien deberá para más de 3 mil millones de pesos y el exsecretario de educación de la heroica Germán Arturo Sierra Anaya, con más de mil millones de pesos que deberá dar.
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Así mismo, la representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Amanda Muñoz y la representante legal del consorcio Proescolar 2016, Sandra Milena Mercado, deberán hacer un pago al Consejo de más 700 millones de pesos. Entre los deudores también se encuentran el exalcalde de Cartagena Manuel Vicente, quien fue sancionado con más de 117 millones de pesos y la supervisora de la alcaldía de la capital de Bolívar Mayiris Gómez Ballestas con más de 15 millones de pesos.
Las pruebas evaluadas por la Fiscalía radican en 30 cartas enviadas por los rectores de diferentes colegios a la Secretaria de Educación Distrital el 18 de marzo del 20116 en donde se exigían raciones alimenticias, por ello, las cartas fueron usadas para solicitar con urgencia contratos para el PAE. Sin embargo, el juez del caso argumento que es una extrañeza que todas las comunicaciones hayan llegado en la misma fecha.
Otra de las pruebas radica en la adjudicación de un contrato en el que participaron Proescolar 2016 y una cooperativa de Bucaramanga que supuestamente había enviado una cotización de mayor valor. Al momento de hacer la indagación respectiva, el representante legal de dicha cooperativa aseguró que nunca recibió una propuesta para licitar.
Por lo anterior, los seis procesados deberá efectuar el pago en depósitos bancarios que más tarde el juez que lleve el proceso determinará si el dinero será usado para pagarles a las víctimas a manera de reparación o si es devuelto a los procesados.
