Advierten sobre oleada de violencia en el Quindío

Jue, 17/10/2013 - 03:03
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el incremento de la violencia en el departamento del Quindío, especialmente en seis municipios donde se han denunciado actividades delictivas de bandas crimi
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el incremento de la violencia en el departamento del Quindío, especialmente en seis municipios donde se han denunciado actividades delictivas de bandas criminales como ‘Los Rastrojos’ y ‘La Cordillera’. Según la Defensoría, basada en un informe del Sistema de Alertas Tempranas, las víctimas de estos grupos armados y delincuenciales son en su mayoría niños, adolescentes, líderes sociales y comunitarios, miembros de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, líderes de procesos de restitución de tierras, docentes y servidores públicos. Entre los crímenes más recurrentes están el incremento de homicidios selectivos o múltiples, amenazas, extorsiones, secuestros, afectación de bienes civiles, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, reclutamiento y utilización de jóvenes y adolescentes, restricciones a la movilidad, esclavitud y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes derivado de una posible disputa territorial entre miembros de ‘los Rastrojos’ con otras estructuras armadas ilegales y delincuenciales. Muchos de los más complejos ataques a población civil y defensores de derechos humanos se presentan en municipios como Calarcá, Armenia, Circasia, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya. El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora,  pide al Ministerio del Interior que convoque a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas para que se emita una declaratoria de Alerta Temprana para los municipios de Armenia, Calarcá, Circasia, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya, en el departamento del Quindío, “con el fin de que se coordine la respuesta estatal en materia de prevención y protección de los derechos humanos”. El mismo llamado a prestar atención a esta región del eje cafetero lo hizo a la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las autoridades locales.
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