Los ojos de toda la comunidad internacional están sobre Venezuela. La terrible crisis económica, política y social que vive el país vecino ha hecho que estados e instituciones internacionales intenten mediar de alguna forma para que se llegue a una solución tan pronto como sea posible.
En un comunicado, Amnistía Internacional (AI) dijo que “los ataques recurrentes contra la población venezolana y los discursos incitando a la violencia por parte de las autoridades indican una política premeditada de represión violenta contra cualquier forma de disidencia”.
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Se refieren especialmente a los casos de violencia contra la oposición y la disidencia. Explican que “lo que parecían ser reacciones aisladas por parte de las autoridades venezolanas enfrentando manifestaciones disidentes, en realidad son una estrategia planificada por parte del gobierno del Presidente Maduro de utilizar violencia y fuerza ilegítima contra la población venezolana para neutralizar cualquier crítica”.
Erika Guevara Rojas, directora para las Américas de Amnistía Internacional comentó que llamaba la atención el hecho de que se les llamara terroristas especialmente a quienes se muestran críticos ante el gobierno de Nicolás Maduro. Además, explicó que el uso de la violencia indiscriminada no era otra cosa que una “estrategia para silenciar el creciente descontento social en Venezuela”.
“Si las autoridades no hacen un giro radical y no ponen fin a la represión violenta premeditada contra las personas que sean consideradas críticas al gobierno, seguirán acumulándose evidencias irrefutables para que los perpetradores y autoridades rindan cuentas ante la justicia penal internacional”, dijo también.
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Los últimos 100 días ha sido particularmente violentos en Venezuela. De acuerdo a fuentes oficiales, la cantidad de muertos sería superior a 90. Los heridos alcanzarían los 1200. Parece que el panorama no mejorará: se acercan elecciones para la asamblea Nacional Constituyente en medio de un clima de alta tensión.
En repetidas ocasiones Amnistía Internacional ha informado sobre la violencia con la que se ha intentado reprimir las protestas. “Un análisis de los hechos indica que estos actos de represión violenta no son solo una reacción descontrolada por parte de algunos agentes de seguridad, sino que son parte de una práctica premeditada de utilizar la violencia para impedir las voces críticas. La organización ha podido corroborar que la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana han empleado fuerza no letal de forma indebida, incluyendo disparos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo de manifestantes disidentes”, informaron.
Además, mencionaron que “un ejemplo de esto es el caso de Juan Pernalete, quien murió después de recibir un impacto de bomba lacrimógena directamente al pecho mientras manifestaba en Caracas en abril 2017. Las fuerzas de seguridad también han utilizado armas de fuego para reprimir manifestaciones, resultando en muertes y personas heridas, como Fabián Urbina, quien murió el 20 de junio de 2017 después de que un funcionario de la Guardia Nacional le disparara directamente mientras protestaba en Caracas”.
