La Procuraduría General de la Nación anunció que adelantará un proceso de vigilancia preventiva y de intervención administrativa o judicial, con respecto al acuerdo al que llegaron Transmilenio y siete concesionarios del SITP.
Las partes se comprometieron a asegurar el respeto al derecho fundamental de los ciudadanos a la movilidad, el buen manejo de los recursos y la calidad del servicio público del transporte.
Así lo anunció el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez, quien aseguró que las mejoras se verán reflejadas, inclusive, en el medio ambiente.
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“Con controles sociales e institucionales al transporte público, mejorarán la calidad de vida de los usuarios del sistema”, dijo Carrillo Flórez.
Mejorar la calidad del servicio
Tras la instalación de una mesa de trabajo, que sesionó por más de 6 meses, la Procuraduría dio por cerrada esta etapa y anunció el inicio de la vigilancia preventiva a los acuerdos.
Las mejoras de la calidad del servicio deben derivar, entre otras cosas, en la revisión de tarifas por kilómetro recorrido y vehículo para toda la flota. También en la ampliación de la vida útil de los vehículos, que actualmente es de 12 años.
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El Ministerio Público dirigió una comunicación a María Consuelo Araujo, gerente de Transmilenio, en la que planteó 22 interrogantes y propone la eliminación de prácticas como la guerra del centavo.
“Las respuestas a las observaciones y las preguntas formuladas deben ser atendidas por TMSA si lo estima pertinente, así como tomar medidas o realizar ajustes, siempre de común acuerdo y con la debida concertación de los concesionarios”, puntualizó la entidad.
