El Alcalde del Municipio El Peñon en Bolivar abrió una investigación que duró dos años, desde el 2016 hasta el año actual, 2018, que se encargaba de analizar los convenios con dineros de cupos indicativos y contratos suscritos que aún no se habían validado en Coldeportes.
Los cargos por corrupción de millonarios contratos en Coldeportes comenzaron a salir a la luz. El desvío de uno de los porcentajes de estos dineros públicos que no fueron invertidos en los recursos a las regiones salían con un 12% de valor para uno de los congresistas.
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Nestor Humberto Martínez, Fiscal General, aseguró que se había detectado una perdida de 3.491 millones de pesos con Coldeportes y sobre todo que, de acuerdo a Arling Arias García, el alcalde de la población, se había adelantado un convenio con 'El Departamento Administrativo del Deporte la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre "Coldeportes"' para realizar una cancha sintética de Futbol once en El Barrio 'La Concepción' que el congresista y Vicepresidente del Senado de la República, Antonio José Correa aceptaron y de este modo fue priorizado.
Con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario fueron acusadas tres personas, en cambio, las cinco restantes tuvieron detención domiciliaria por los delitos de interés por falsedad ideológica en documento público, cohecho propio, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, uso de documento privado, concusión y concierto para delinquir.
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Este caso ante el juzgado 49 Penal Municipal de control de garantías fue advertido por un fiscal de la delegada para la Seguridad Ciudadana para que de este modo después de nueve horas de tener el caso, la captura de Arling Arias García, Alcalde del Peñon, Mariale Margarita Trujillo, asesora legislativa y Gustavo Álvaro Velandia Segura, fueran a centro carcelario. Mientras los otros cinco acusados, conocidos como Jairo Fidel Ortega Chaparro, Edwin Fabián Moreno Ruiz, Carlos Celestino Martelo Sarabia, Vanessa Margarita Deyongh Yepes y Carlos Hernán Rivera Lozano, fueran procesados por detención domiciliaria.
