La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, le dio un plazo de cinco días al gobierno venezolano para que responda los requerimientos sobre la deportación de colombianos en la frontera y justifique si las expulsiones se han hecho bajo normas legales y de respeto al Derecho Internacional Humanitario.
El pronunciamiento lo hizo el organismo internacional luego que una delegación se reuniera este jueves con autoridades colombianas en Cúcuta, para conocer de cerca la situación en la zona, especialmente de los expulsados de ese país.
Los enviados de la Cidh se entrevistaron con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y con el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, en el puesto de mando unificado establecido a pocos metros del puente que une a Cúcuta con la ciudad venezolana de San Antonio, cerrado desde hace tres semanas por orden del presidente de ese país, Nicolás Maduro.
"Valoramos enormemente como pueblo colombiano esta visita y hemos facilitado todo para que recorran la zona de frontera, hablen con los distintos sectores, visiten a la gente que está en los albergues, conozcan la situación y tengan un diagnóstico general", dijo Cristo, citado en un comunicado de su despacho.
Según el ministro, esta visita, más la que hizo el pasado sábado a Cúcuta el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, "son muy importantes para el Gobierno y el país".
Maduro ordenó el pasado 19 de agosto el cierre de la frontera entre Cúcuta y San Antonio del Táchira con el argumento de combatir el contrabando y a supuestos paramilitares.
Dos días después declaró el estado de excepción en una parte de la franja fronteriza, situación que dio lugar a la expulsión de al menos 1.467 colombianos y otros 18.619 han retornado por cuenta propia del vecino país.
El pasado lunes, Maduro ordenó también el cierre de la frontera entre el estado venezolano de Zulia y el departamento colombiano de La Guajira, en el norte.
La delegación de la Cidh está compuesta por los comisionados Felipe González, relator para Venezuela y relator de personas migrantes; y José de Jesús Orozco, relator para Colombia; además del secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez-Icaza.
La visita de la delegación, de tres días de duración, incluye recorridos por albergues en Cúcuta y la vecina localidad de Villa del Rosario, además de Bogotá.
El objetivo de la visita es "verificar en el terreno las condiciones de las personas de nacionalidad colombiana que han sido expulsadas del territorio venezolano o que han decidido retornar a su país", según la CIDH.
