Ante la Fiscalía el alcalde Gustavo Petro deberá explicar bajo qué parámetros se hizo la contratación de cien motos eléctricas para la policía, y que resultaron con fallas mecánicas.
El contrato que costó cerca cuatro mil millones de pesos fue hecho a través del Fondo de Vigilancia y Seguridad, entidad investigada por el delito interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin los requisitos legales, por la compra de las motos.
De hecho, la Contraloría reveló que el Fondo de Vigilancia omitió un contrato de mantenimiento para las motos, y según informaron varios uniformados, estás no sirven para las labores de vigilancia y patrullaje.
Esta nueva citación judicial contra el alcalde Gustavo Petro se da a sólo mes y medio que culmine su período. Actualmente tiene también una investigación disciplinaria por haber decretado el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.
