Más de 300 organizaciones defensoras de derechos humanos están organizando actos en 52 ciudades de ese país y más de diez en el mundo para pedir protección a los líderes amenazados y resultados en las investigaciones de los que han sido asesinados.
Este viernes Colombia se movilizará para expresar su rechazo por el alto número de asesinatos de líderes sociales y de derechos humanos en el país.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de este año se han presentado 311 homicidios de líderes sociales a manos de grupos criminales. Solo entre junio y lo que va de julio de 2018 han muerto 22 personas en actos violentos.
Organizaciones sociales denuncian que desde la firma del acuerdo de paz el número de líderes muertos ronda los 100.
Por su parte, el Ministerio del Interior reveló este jueves que en lo que va corrido del año han sido asesinados 33 líderes sociales.
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A raíz de esto, más de 300 organizaciones defensoras de derechos humanos están convocando una movilización masiva este viernes, a las 6:00 p.m. Hasta el momento, se han confirmado actos en plazas y parques públicos de 52 ciudades colombianas como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Florencia, Pasto, Manizales y Yopal.
A nivel internacional la asistencia será frente a consulados y espacios públicos en Nueva York y Miami (EEUU), Buenos Aires y Córdoba (Argentina), Ciudad de México (México), Montevideo (Uruguay), Ciudad de Panamá (Panamá), Río de Janeiro (Brasil), Santiago (Chile), Quito (Ecuador), Brisbane (Australia), Barcelona y Madrid (España) y París (Francia).
Con lemas como ‘Nos Están Matando’ o ‘Ser Líder Social No Es Delito’, así como prendiendo velas, los organizadores de estos actos buscan lanzar una advertencia al gobierno nacional y a organizaciones internacionales de derechos humanos sobre la situación que vive el país.
Una de las voceras del colectivo Las Mujeres Contamos, quien lidera la convocatoria y pidió mantener su nombre bajo anonimato, le dijo a la Agencia Anadolu que entre las principales exigencias, tanto para el Gobierno saliente como para el entrante, están el “respeto por la vida, atención especial a líderes y lideresas que han recibido amenazas y celeridad y prioridad de parte de las autoridades a las investigaciones acerca de los asesinatos que ya se cometieron”.
Además, piden “seguridad para los líderes del país, que se empiece a implementar realmente el acuerdo de paz y seguridad para las personas que están vinculadas con este proceso”.
Este movimiento preparó un documento formal con sus exigencias, el cual será leído en cada uno de los puntos acordados y será presentado ante diferentes organismos como la Oficina Internacional de los Derechos Humanos (OIDHACO); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH; la Plataforma Internacional Contra la Impunidad (Impunity Watch) o la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
María José Ramírez, quien hace parte de la comunidad ‘Global Shapers’ en Bogotá, un grupo de jóvenes líderes del Foro Económico Mundial, aseguró que lo que impulsó esta iniciativa es “demostrar no solo al Gobierno sino a la sociedad colombiana nuestro rechazo por el silencio y la indiferencia que está ocurriendo”.
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“No es un secreto para nadie que los DDHH se están violando y aun así no pasa nada. En 25 meses van más de 300 líderes y lo que realmente nos duele es la indolencia de la gente y la impotencia de no poder hacer algo al respecto”, recalcó.
Por su parte, María Alejandra Ramírez, una joven víctima del conflicto armado y representante de Colombia en el One Young World (un movimiento independiente que nació en Londres y que convoca a jóvenes líderes de todo el mundo), aseguró que este llamado es una “señal de protesta por todos los líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz”.
“Pedimos medidas efectivas de seguridad a la Procuraduría, a la Unidad Nacional de Protección, a la Policía Nacional, al Ejército (…), inclusive pedimos acciones a la Comisión de Verificación de la ONU”, añadió.
Esta iniciativa tomó fuerza este miércoles, luego de que se supiera sobre dos nuevas víctimas mortales en las últimas horas: Ana María Cortés Mena, en el municipio de Cáceres, Antioquia; y Margarita Estupiñán, en el corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco, Nariño. Según el excandidato presidencial Gustavo Petro, Cortés Mena -quien hacía parte de su partido- fue asesinada por el propio comandante de la Policía municipal.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, condenó “de manera enérgica” estos asesinatos.
“Ya le di instrucciones al ministro de Defensa para que envíe a terreno a inspectores del Ejército y de la Policía a Nariño y Cauca, para supervisar qué es lo que está sucediendo y cómo está reaccionando la Fuerza Pública”, dijo el mandatario durante una rueda de prensa desde Tumaco.
El mandatario anunció que se convocará para el próximo martes a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y añadió que la Fiscalía colombiana tiene resultados importantes. Santos reiteró un llamado a las autoridades “para actuar con toda la contundencia contra quienes atacan a los líderes sociales”.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que ese mismo día se darán a conocer los primeros cuatro planes piloto de protección colectiva, construidos entre las comunidades y las autoridades estatales.
Con información de Anadolu.
