El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, aprovechó ayer el acto de rendición de cuentas de su cuarto y último año de gestión para revelar que 5 gobernadores, 7 exgobernadores, 8 alcaldes, y 45 exalcaldes están siendo investigados, por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en 154 procesos de responsabilidad fiscal en curso que suman una cuantía de cerca de $84.000 millones de pesos.
Según las investigaciones, de 17 procesos en 11 departamentos ya se imputaron cargos por más de $7 mil millones de pesos. En los departamentos de Atlántico, Casanare, Cauca y Cesar, ya se han emitido fallos con responsabilidad fiscal, en primera instancia, que totalizan $2.940 millones. También, se registran 3 fallos de impacto nacional por recursos del PAE que manejó el ICBF en los departamentos de Sucre y La Guajira, cuya cuantía suma más de $2.797 millones.
Dentro de los 154 procesos abiertos se encuentran involucrados en calidad de presuntos responsables, los siguientes exgobernadores:
Arauca: José Facundo Castillo Cisneros (se le sigue por 3 procesos por más de $6.367 millones, de los cuales en uno ya fue imputado por más de $1.186 millones).
Cesar: Luis Alberto Monsalvo (se le imputaron cargos de responsabilidad fiscal por $630 millones).
La Guajira: José María Ballesteros Valdivieso (se le llevan 2 procesos por más de $16.339 millones, ambos declarados de impacto nacional).
Santander: Richard Alfonso Aguilar Villa (se le lleva un proceso por la suma de $3.923 millones).
Sucre: Jorge Carlos Barraza Farak (un proceso por $31 millones).
Caquetá: Álvaro Pacheco Álvarez.
Amazonas: Carlos Arturo Rodríguez Celis.
Durante el balance de los 4 años que presentó la Contraloría General de la Nación se destacó el inicio de 4.250 procesos de Responsabilidad Fiscal, por una cuantía de $ 21,6 billones y el resarcimiento total del patrimonio del Estado por $744.337 millones.
“Necesitamos una revolución, sobre todo cultural, que nos enseñe de nuevo, desde el principio, el manejo estricto de los recursos públicos. Necesitamos cambiar el chip de las nuevas generaciones, introducir en el ADN de los nuevos colombianos el respeto absoluto por los recursos públicos” concluyó el saliente Contralor.
