La Defensoría del Pueblo se encuentra alarmada por la situación que se presenta en el puerto de Buenaventura tras los continuos enfrentamientos entre la banda de Los Rastrojos y Los Urabeños. Por ello pide al Gobierno de manera urgente que preste ayuda para proteger a la población civil. El combate armado ha causado el desplazamiento forzado de 2.516 personas repartidas en 629 familias.

La dramática cifra no ha conseguido que las victimas realicen la declaración para tomar medida, algo que solo el 30% se ha animado a hacer. El Defensor del Pueblo, Jorge Otálora, ya le había solicitado en ocasiones anteriores al Ministerio de Defensa y al Fiscal General de la Nación, que intervinieren en el puerto pero hasta el momento no se han tomado mayores medidas. Otro de los flagelos que preocupan a la Defensoría es el reclutamiento de menores de edad para que sean parte del conflicto armado.