Al escándalo de los sobornos al fiscal de apoyo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Carlos Bermeo, se le están sumando más líos con dos contratos millonarios por prestación de servicios para ser ejecutados en pocos días, firmados con el exviceministro de las TIC, Juan Sebastián Rozo Rengifo, y Miguel Samper Strouss, los dos vinculados con las altas esferas del poder.
Pantallazo de contratos adjudicados mes de noviembre por la JEP[/caption]
De otro lado, otro de los cuestionados es el contrato de 50 millones de pesos que suscribió Miguel Samper, con fecha de ejecución del 27 de noviembre al 31 de diciembre del 2018, con el objetivo de "prestar sus servicios profesionales como experto, con autonomía técnica y administrativa, para apoyar a la JEP en el desarrollo y socialización de los mecanismos y acciones de articulación para la implementación del punto cinco del Acuerdo Final (el de víctimas) con enfoque sistémico" (es decir el punto del "acuerdo sobre las víctimas del conflicto), incluyendo el apoyo al comité de coordinación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
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Pantallazo de contratos adjudicados mes de noviembre por la JEP El turno es ahora para la Contraloría General de la Nación que deberá entrar a revisar estos y otros contratos que han comenzado a ser analizados por muchos de los que en Colombia tienen interés en conocer cómo se mueven los dineros públicos en una entidad de carácter temporal que cuenta con un millonario presupuesto de funcionamiento. [/caption]
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Rozo Rengifo es el yerno del director de 6:00 a.m. de Caracol radio, Darío Arizmendi, y Miguel Samper es hijo del expresidente Ernesto Samper.Ejecución en tiempo récord
En el caso del exviceministro el cuestionamiento tiene que ver con el hecho de que el valor del contrato es de 113 millones de pesos para ejecutar una asesoría en tan solo 34 días, para que asesore a la JEP en la "construcción de la línea de base de percepción de sus diferentes grupos de interés de orden nacional, internacional y territorial", según dice el contrato. A Rozo le competía además dar apoyo en la concepción de "mensajes estratégicos, orientados a mejorar la comprensión, posición y expectativas de esos grupos, con el fin de facilitar la gestión institucional de la entidad", desde el 27 de noviembre del 2018 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. [single-related post_id="1049530"] Las dudas que han surgido en torno a este contrato tienen que ver con que quien lo firmó es la secretaria ejecutiva del tribunal especial, María del Pilar Bahamón, quien también fue su asesora mientras ejerció en el Ministerio de las TIC y desde el año pasado se encuentra trabajando en dicha jurisdicción. Al revisar la página de la Justicia Especial donde especifica los contratos adjudicados en 2018, se puede evidenciar que efectivamente Rozo celebró este contrato con Bahamón y además se especifica que la forma de pago fue: "Primer pago del 50% contraentrega del informe de definición de línea base". [caption id="attachment_1050095" align="alignnone" width="1179"] Pantallazo de contratos adjudicados mes de noviembre por la JEP[/caption]
De otro lado, otro de los cuestionados es el contrato de 50 millones de pesos que suscribió Miguel Samper, con fecha de ejecución del 27 de noviembre al 31 de diciembre del 2018, con el objetivo de "prestar sus servicios profesionales como experto, con autonomía técnica y administrativa, para apoyar a la JEP en el desarrollo y socialización de los mecanismos y acciones de articulación para la implementación del punto cinco del Acuerdo Final (el de víctimas) con enfoque sistémico" (es decir el punto del "acuerdo sobre las víctimas del conflicto), incluyendo el apoyo al comité de coordinación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
[caption id="attachment_1050096" align="alignnone" width="1271"] Pantallazo de contratos adjudicados mes de noviembre por la JEP El turno es ahora para la Contraloría General de la Nación que deberá entrar a revisar estos y otros contratos que han comenzado a ser analizados por muchos de los que en Colombia tienen interés en conocer cómo se mueven los dineros públicos en una entidad de carácter temporal que cuenta con un millonario presupuesto de funcionamiento. [/caption]
