La actividad económica en Venezuela se contrajo 50,61% desde 2013, indicó la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) este miércoles.
Solo en el primer semestre de 2018 la actividad económica cayó 25 % comparado con el mismo período de 2017, añadió Ángel Alvarado, diputado de la AN.
Según el parlamentario, la caída de la producción petrolera y la disminución de la actividad comercial son dos de los factores que más han impactado la economía.
“El país con las mayores reservas petroleras del mundo produce menos petróleo que otros (...), desde todo punto de vista es injustificable, inaceptable que la producción petrolera venezolana (...) sea de apenas 1.2 millones de barriles de petróleo”, explicó Alvarado.
El cierre de más empresas debido al desabastecimiento y otros factores generó un mayor desempleo, más hambre y problemas para que las familias venezolanas puedan cubrir sus necesidades básicas.
En agosto, el presidente Nicolás Maduro implementó una reconversión monetaria que le quitó cinco ceros a la moneda y comenzó a circular una nueva familia de billetes, como una medida para contrarrestar la hiperinflación que vive el país.
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El mandatario también adoptó otras medidas económicas como multiplicar por 35 el ingreso mínimo legal, fijar los precios de alimentos básicos, la devaluación de 95,8 % en la moneda, entre otros.
El diputado afirmó que la inseguridad económica que ha vivido el país es consecuencia de “un modelo político de controles, de expropiaciones” convirtiendo así a Venezuela en “el país más pobre de América Latina teniendo el potencial para ser el más rico de la región y del mundo”.
Añadió que miles de venezolanos huyen del hambre y la miseria. “Esa es la razón por la cual el pueblo venezolano está huyendo por los Andes suramericanos, huyendo de esta crisis, huyendo del hambre, huyendo de la miseria”, afirmó Alvarado.
Según cifras de la ONU, unos 2,3 millones de venezolanos han emigrado del país desde 2014, dirigiéndose principalmente a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.
El gobierno venezolano ha negado que se trate de una crisis migratoria, argumentando que diversos gobiernos y entidades internacionales exageran la situación para justificar una intervención en el país.
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