La tensión entre el fiscal General Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez escaló de nuevo hoy.
El jefe de la Fiscalía ordenó a sus funcionarios desacatar una solicitud de información, hecha por el Ministerio Público, para obtener documentación sobre los procesos que se adelantan en relación a casos de violencia sexual. En específico la Procuraduría reclama información sobre la garantía en la preservación de los derechos de las víctimas.
Mediante un memorando interno, Montealegre pidió a sus subalternos que no diligencien el formulario remitido por la procuradora delegada para asuntos de infancia y adolescencia, Ilva Miryam Hoyos. Sustenta que ese requerimiento solo busca “sobrecargar” de trabajo a los fiscales y funcionarios.
Además insistió que ese tipo de requerimiento son competencia del Consejo Superior de la Judicatura, más no de la Procuraduría. Negarles esa información “busca garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas involucradas en proceso penales, así como evitar injerencias externas que entorpezcan las labores que son propias de la Fiscalía”.
La solicitud de la Procuraduría pedía, directamente a determinados funcionarios, que respondieran el formulario negándoles la posibilidad de que dicha tarea la hiciera algún superior. El Fiscal reaccionó molesto y contestó en el memorando que él tiene la competencia constitucional “de formular y adoptar las políticas, directrices, lineamientos y protocolos para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Fiscalía General de la Nación”.
Desobedecer ese requerimiento, advertía la Procuraduría, podría acarrear una investigación disciplinaria. El Fiscal respondió que esa amenaza no debía intimidar a sus funcionarios.
Más tarde, la Procuraduría respondió al reproche y desafío del Fiscal. Dijo que no buscaban entrometerse en las decisiones del ente acusador, pues la solicitud enviada a determinados funcionarios consistía en un “cuestionario general”, que buscaba establecer “la situación del tema de violencia sexual” en el tratamiento por parte de los fiscales.
El episodio agranda el abismo de las relaciones entre las dos entidades. Aunque desde la Procuraduría se explica que lo sucedido hoy no es más que un “malentendido”, han sido varios aireados enfrentamientos entre el fiscal Montealegre y el procurador Ordóñez, distantes en opiniones respecto a la situación política nacional.
El Procurador es un ácido crítico del avance del proceso de Paz, de posibles beneficios en justicia transicional para los eventuales desmovilizados de las Farc, y de reformas estructurales producto de las recomendaciones de la mesa de diálogos. Eduardo Montealegre se muestra favorable a los anteriores puntos.
