El exasesor y gerente de campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2014, Roberto Prieto, señalado de haber influido de manera determinante ante la ANI para lograr el contrato Ruta del Sol 3 y que por dicha gestión habría recibido $650.000.000 como pago, tendrá audiencia de imputación de cargos el próximo 17 de abril.
Así lo determinó el centro de servicios judiciales de los juzgados de Paloquemao. Ese martes, además de la imputación de cargos se realizará la solicitud de medida de aseguramiento. La defensa del exgerente ya había aplazado esta diligencia, se trataría del segundo intento de la Fiscalía para que Prieto sea imputado.
Al manizalita de 51 años se le atribuirán los delitos de tráfico de influencias de particular, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.
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Según la Fiscalía, Prieto habría influido para que la Agencia Nacional de Infraestructura le otorgara un contrato a la firma Consultores Unidos S.A. en la Ruta del Sol III, para los diseños del puente del río Plato. Por la gestión, el economista de la Universidad Externado habría recibido 650 millones de pesos y supuestamente los cobró por medio de una factura ficticia emitida por la empresa Megaland.
Así las cosas, se acordó que los estudios y diseños estarían a cargo de Consultores Unidos S.A. y así fue como ocurrió.
Esta no sería la primera vez que Prieto estaría líos con la justicia. Inició su carrera trabajando en medios de comunicación y administrando pautas regionales de emisoras, esto lo puso en contacto con políticos como Ernesto Samper, en esa ocasión debió responder en el marco del proceso 8000 por cerca de $600 millones en pautas de la campaña liberal.
Por otro lado, como administrador publicitario resultó involucrado en una polémica judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia: dos empleados de la empresa Radiodifusores Unidos demandaron a Roberto Prieto por despido ilegal, y ganaron en 2003 cerca de 1.000 millones de pesos de indemnización.
Prieto, como representante legal, liquidó Radiodifusores Unidos pocos días después de perder el caso en el alto tribunal y transfirió todo su personal a otra empresa, por lo que debió responder por el delito de fraude procesal.
