Expedida resolución que adopta protesta pacífica

El Gobierno Nacional, expidió la Resolución 1190 que da a conocer el protocolo coordinado, dirigido a respetar y garantizar el ejercicio de la protesta pacífica en el territorio colombiano.

El Gobierno Nacional, expidió la Resolución 1190 que da a conocer el protocolo coordinado, dirigido a respetar y garantizar el ejercicio de la protesta pacífica en el territorio colombiano. La diligencia se realizó a través del Ministerio del Interior, el 3 de agosto del presente año y tuvo por objeto establecer lineamientos para la adopción de medidas pertinentes por parte de las autoridades del orden ejecutivo, en coordinación con la Policía Nacional. La Resolución, es una guía metodológica que acude a los mecanismos para la garantía de los derechos de los manifestantes y parte de la legislación vigente que promete el respeto a la protesta como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, a la libertad de expresión, a la oposición y a la participación. Incluso, acoge a quienes no participan de la desaprobación pública. Tras la firma de la Resolución se informó de la circular enviada a los alcaldes y gobernadores del país donde se reitera que el protocolo no modifica ninguna norma de orden legal o reglamentario. Además, que será el Ministerio del Interior el encargado de orientar y coordinar la implementación del protocolo a través de socializaciones por el territorio nacional. Algunas de las consideraciones que se tuvieron en cuenta para la ejecución de la Resolución se encuentran en los artículos de la constitución que sirven y promueven la convivencia pacifica y el orden justo de la nación y el Acuerdo Final que garantiza los escenarios para canalizar las demandas ciudadanas. Así mismo, el protocolo cuenta con 6 enfoques: (1) el de derechos, el cual hace valer la justicia constitucional; (2) el preventivo, que impide la violación de los Derechos Humanos; (3) el diferencial, que se hace cargo de las particularidades de las personas; (4) el pro mujeres, que garantiza el reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos; (5) el territorial, que atiende al contexto general donde se desarrolle la manifestación y (6) el de respeto, que obliga a las autoridades a inclinarse por el respeto de las personas que participan de la protesta.
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