La organización defensora de derechos humanos internacional, Human Rights Watch (HRW), emitió un comunicado este lunes criticando la 'Jurisdicción Especial para la Paz' pactada en diciembre del año pasado entre los negociadores del Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras considerar que éste podría "otorgarle una inmunidad amplia a agentes del estado que cometieron crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad" y podría "blindar la persecución penal de los casos conocidos como 'falsos positivos'".
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De acuerdo con el documento emitido por la entidad, se deben establecer garantías para que las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por los casos de 'falsos positivos' no sean transferidas a la nueva jurisdicción para evitar esa inmunidad, al tiempo que agrega que quienes ya han sido condenados por estos crímenes podrían quedar en libertad o reducir significativamente sus penas.
Igualmente, HRW reseña que la justicia colombiana ya ha definido que este tipo de casos están vinculados con el conflicto armado y altos funcionarios del ente investigador y el Ejecutivo ya han mostrado su disposición para que estos procesos sean llevados a los nuevos tribunales pactados en Cuba, que perseguirían únicamente a una cantidad limitada de delitos y sus responsables.
"Las consecuencias legales de estas disposiciones violan estándares internacionales de derechos humanos, en tanto ofrecen una inmunidad o amnistía de facto a los perpetradores de delitos graves. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicta decisiones vinculantes para Colombia, ha señalado de forma reiterada que los estados deben orientar sus esfuerzos a la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos", dice el documento.
HRW señala que, por lo menos, dieciséis generales o ex generales del Ejército están siendo investigados por 'falsos positivos', nueve de los cuales ya fueron llamados a declarar pero, de acuerdo con los pactos firmados en La Habana, éstos podrían evadir la justicia al no tener que responsabilizarse por los actos que cometieron las tropas bajo su control, decisión que sería contraria al derecho internacional.
Por otro lado, la organización internacional, en su análisis sobre las posibles penas que recibirían tanto los miembros de la guerrilla como la Fuerza Pública, advierte que es posible que los responsables de crímenes atroces no sean condenados a penas restrictivas de su libertad en plazos representativos ya que, según los acuerdos, sus penas podrían ir de cinco a ocho años, pero si confiesan y realizan una labor restaurativa y restauradora, las sanciones podrían disminuir, teniendo sólo restricciones a sus derechos y libertades.
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"Asimismo, una disposición del acuerdo con las FARC permite que el Tribunal para la Paz imponga sanciones de dos a cinco años para quienes no hayan tenido una 'participación determinante en las conductas más graves y representativas'. Esta disposición podría beneficiar a los altos mandos del ejército responsables de falsos positivos. Ellos podrían fácilmente argumentar que tuvieron una participación 'determinante' quienes cometieron materialmente los delitos (y no aquellos con responsabilidad del mando). Y existe un riesgo concreto de que quienes cometieron materialmente los crímenes no sean perseguidos penalmente conforme a la norma que permite renunciar a la persecución penal de aquellos que no tuvieron la “mayor responsabilidad”, concluye HRW en el documento.
Finalmente, la organización defensora de derechos humanos afirmó que los 610 miembros de las Fuerzas Armadas que ya han sido condenados, en muchos casos recibiendo penas de más de cuarenta años de cárcel, podrían recibir beneficios para cambiar esas penas por otras previstas en los acuerdos de Cuba o, simplemente, pueden dar por cumplidos sus castigos.
