La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a tres contratistas en el Meta por, presuntamente, haber desviado cerca de cuatro mil millones de pesos que tenían por objetivo construir seis internados destinados a los resguardos indígenas Awaliva y Alto Tillavá. En la investigación también se indaga la presunta participación de un exalcalde del municipio de Puerto Gaitán.
Según la Fiscalía los contratistas son investigados por: contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. El ente investigador vinculó a Víctor Julio Agudelo Santander, de la unión temporal Awaliva y Tillavá, a Raúl Gonzalo Ávila Vásquez, representante de la unión temporal Alto Tillava, y a Mauricio García Sanz del consorcio Ingeotec que hace parte de unión temporal Awaliva. Hoy las obras se encuentran incompletas.
Las obras tenían como objetivo la construcción de los resguardos con un costo superior a los 8.500 millones de pesos. Los tres contratistas se presentaron ante un juez de control de garantías para la respectiva imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación.
[single-related post_id="1011447"]
El juez de control de garantías impuso contra Agudelo Santander, Ávila Vásquez y García Sanz, casa por cárcel y la prohibición de salir del país. Así mismo, los comprometió a tener una buena conducta social, familiar, laboral e individual.
La investigación también tiene en la mira irregularidades 154 obras en el Meta, entre ellas, los seis internados mencionados “Los internados fueron construidos en 2011, y a 2018 no habían sido puestos en funcionamiento, incumpliendo los servicios de alimentación, de estudio y/o dormitorio”, sostiene.
Así mismo, la Fiscalía asegura que estos internados fueron construidos proyectándose de manera sobredimensionada. La capacidad fue dispuesta para atender a 300 indígenas estudiantesinternos, pero la población a beneficiar no alcanzaba esta cifra”.
