Justo un día después de que la Procuraduría General de la Nación anunciara públicamente la destitución e inhabilidad de Jesús Eugenio Bustamante, gerente del Hospital General de Medellín, por una ejecución irregular de contratos, el funcionario anunció que seguirá al frente de la institución mientras interpone todos los recursos a los que puede acceder.
En un comunicado de prensa, Bustamante contó que aún no había recibido notificación oficial de la sanción que el ente le había interpuesto y aseguró que utilizará los demás recursos que le permite la ley para hacer que se revise el proceso y “probar que mi actuación (...) fue ajustada a la ley y a los principios constitucionales de nuestro país”, según dijo.
[single-related post_id="1045124"]
Con este anuncio el gerente del hospital General de Medellín dejó en firme que seguirá al frente de la institución, hasta que sea resuelta su segunda instancia tal como se lo permite la ley. En caso de que la sanción siga en pie el funcionario sufrirá una inhabilidad de 13 años y tendrá que salir de la gerencia del hospital.
En esta decisión tomada por el Ministerio Público también fue sancionado el concejal de Girardota por el partido de la U Diego Andrés Cataño. A estos dos servidores se los señaló de cargos disciplinarios graves y gravísimos a título de dolo.
En su investigación, la Procuraduría encontró que Bustamante había contratado a Cataño para que ejerciera como médico auditor del Hospital General de Medellín; una labor que Cataño cumplió entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre de 2016.
Los problemas con este contrato están en que durante ese periodo Cataño ya hacía parte del Concejo y por ese motivo está impedido a recibir otros honorarios de parte del Estado. La Procuraduría calificó que lo hecho por el concejal “afectó los principios de credibilidad, moralidad, imparcialidad, igualdad y legalidad” y que la actitud del director “afectó los intereses de la comunidad en general”.
En su investigación, la Procuraduría encontró que Bustamante había contratado a Cataño para que ejerciera como médico auditor del Hospital General de Medellín; una labor que Cataño cumplió entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre de 2016.
Los problemas con este contrato están en que durante ese periodo Cataño ya hacía parte del Concejo y por ese motivo está impedido a recibir otros honorarios de parte del Estado. La Procuraduría calificó que lo hecho por el concejal “afectó los principios de credibilidad, moralidad, imparcialidad, igualdad y legalidad” y que la actitud del director “afectó los intereses de la comunidad en general”.
