El Estado colombiano y el partido Farc acordaron este jueves un plan para trasladar a unos 60 excombatientes y a sus familias de una zona del municipio de Ituango (noroeste) donde están amenazados po
El Estado colombiano y el partido Farc acordaron este jueves un plan para trasladar a unos 60 excombatientes y a sus familias de una zona del municipio de Ituango (noroeste) donde están amenazados por grupos armados ilegales que han asesinado a 12 exguerrilleros en los últimos meses.
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"En compañía de la Misión de Verificación de la ONU, la Policía Nacional y la Alcaldía de Ituango se concretó un plan de trabajo a corto tiempo para el traslado efectivo de los exintegrantes de las Farc (la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)", indicó la Agencia para la Reincorporación y la Normalización en un comunicado.
El plan contempla visitar ocho predios de la Sociedad de Activos Especiales en el departamento de Antioquia, donde se encuentra Ituango, y determinar con los excombatientes cuál es la mejor opción para su traslado.
"Contamos con los recursos para que este proceso sea realizado de manera programática, controlada y organizada", dijo el director general de la Agencia Andrés Stapper, según el comunicado.
En la reunión se analizó la posibilidad de trasladar los proyectos e iniciativas productivas en las que trabajan esas personas, quienes permanecen con sus familias en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de la aldea Santa Lucía.
Además se realizará un censo para determinar "quiénes puntualmente desean salir de esta zona y quiénes quieren quedarse", precisó la Agencia.
"El Gobierno ha materializado esa voluntad y esperamos que se ponga en práctica el desarrollo de la normatividad para que se siga afianzando el proceso de reincorporación", dijo Luis René Medina, representante del partido Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación, de acuerdo con el comunicado.
El pasado jueves, los exguerrilleros que permanecen en el antiguo ETCR de Santa Lucía decidieron abandonar el lugar con sus familias en un máximo de dos meses.
La decisión obedece a la falta de apoyo para impulsar procesos productivos, pero, sobre todo, a los asesinatos de 12 excombatientes en los últimos meses -el más reciente el pasado 28 de enero- a manos de grupos armados que se disputan el control del territorio para el narcotráfico y minería ilegal.
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia señala que desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla, en noviembre de 2016, un total de 173 excombatientes fueron asesinados, a los que se suman 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio.
