Ingreso de ‘Sonia’ a JEP está condicionado a la verdad

Mié, 08/05/2019 - 09:32
Debido a la posibilidad de que Omaira Rojas Cabrera, alias ‘Sonia’, ingrese a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), La Procuraduría General de la Nación, le solicitó a ese tribunal, que
Debido a la posibilidad de que Omaira Rojas Cabrera, alias ‘Sonia’, ingrese a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), La Procuraduría General de la Nación, le solicitó a ese tribunal, que primero debe contar la verdad sobre el lavado de activos. En ese sentido, para el Ministerio Público, es posible que la JEP conceda a Rojas Cabrera el beneficio de la amnistía por el delito de lavado de activos, pero como condición debe pedir a la exguerrillera verdad plena sobre la comisión de este delito. [single-related post_id="1094091"] "Para recibir beneficios de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP, no es suficiente acreditar que la persona perteneció a la organización insurgente. La condición fundamental tiene que ver con que los delitos tengan relación directa con el conflicto armado", señaló el Ministerio Público. La Procuraduría subrayó que solo en la medida en que los delitos comunes hayan sido cometidos en conexidad con los políticos, para financiar o facilitar su comisión; pueden ser objeto de competencia de la Jurisdicción Especial de Paz y por esa vía de eventuales amnistías. Es de anotar que, Rojas Cabrera estuvo 11 años en prisión por orden de la Corte del Distrito de Columbia y  fue deportada a Colombia por solicitud del Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que la condenó a 98 meses y al pago de una multa de 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como coautora del delito de lavado de activos, al encontrarla responsable de administrar los recursos económicos del frente 14 de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), derivados del cobro de multas y los mal llamados 'impuestos de guerra'. [single-related post_id="1093626"] Alias ‘Sonia‘, fue la primera guerrillera de las Farc en ser extraditada a los Estados Unidos y fue arrestada en el departamento del Caquetá en 2004, mientras portaba armas, dinero y 40 kilogramos de cocaína. Tras este hecho, fue acusada de participar en el envío de 600 toneladas de droga al norte del continente.
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